–La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador Ciro Alejandro Ramírez Cortés como cabecilla de una red para direccionar contratos públicos con fines electorales que se conoció como la cadena de corrupción de «las marionetas», cuyo cerebro fue el también exsenador Mario Castaño, fallecido en prisión, y que consistió en negociar con alcaldes y altas entitades estatales la entrega de contratos a cambio de una comisión del 10 % al 15%, en un entramado de más de $70.000 millones.

A Ramírez Cortes, al alto tribunal le impuso las penas principales de 279 meses y 8 días de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 280 meses y 20 días y multa de 19.402 s.m.l.m.v., que equivalen, para la época en que ocurrieron los hechos, a la suma de 22.340.620.612, que deberá ser consignada a nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Lo anterior en razón a que se demostró que el acusado lideró una organización criminal de la que hicieron parte funcionarios públicos, particulares y contratistas, a través de la cual se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021 -así como de otros contratos derivados del mismo- con el interés de beneficiar a quienes lo favorecieron en su campaña política. La red operó principalmente en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, usando convenios interadministrativos (como el 670 de 2021) para desviar fondos.

En la sentencia la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte advirtió «que la actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto la construcción, implementación y mejoramiento de vías que se traducen en un avance significativo en las condiciones de vida de la población, con lo cual se potencializa la gravedad de las conductas desplegadas por el Congresista”.

La alta corporación absolvió al excongreista del punible de interés indebido en la celebración de contratos, y le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria. La privación de la libertad se producirá una vez la sentencia quede en firme, advirtió.