–El conflicto armado que ha vivido Colombia durante décadas ha dado lugar a la multiplicación de los actores armados y de las empresas de seguridad privadas (ESP). Aunque se han logrado avances con las reformas en el area de derechos humanos y la reintegración de excombatientes, los retos persisten.

Las precisiones corresponden a las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que por invitación del Gobierno de Colombia, llevó a cabo una misión oficial de estudio del 16 al 27 de marzo de 2026, el cual advierte que más de 10.000 colombianos podrían haber sido reclutados en conflictos armados en distintas partes del mundo, tanto por medios legales como irregulares, esto es, en guerras regulares o contratados para participar en operaciones de crimen organizado, especialmente en México y Brasil, y para servicios de seguridad en Ecuador, Perú, Haití y otros países vecinos.

La visita del Grupo de Trabajo a Colombia, integrada por expertas de la ONU, coincidió con la firma por parte del presidente Gustavo Petro de la Ley Nº 2569, el 17 de marzo, que ratifica el Convenio Internacional de 1989 sobre la utilización de mercenarios, cuyo objetivo es prohibir el reclutamiento, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.

Aunque la misión de la ONU elogió la decisión del mandatario colombiano, advirtió que «es necesario recabar datos más precisos, y abordar las causas originarias del reclutamiento de mercenarios, ya que es probable que esta tendencia siga aumentando», afirmaron las expertas.

Subraya el informe que los ciudadanos colombianos, en su mayoría exmilitares, se encuentran entre los más solicitados para desempeñar funciones en el sector de la seguridad y en conflictos armados. Los cuantiosos incentivos económicos, la ausencia de oportunidades laborales, y el aumento del reclutamiento en línea han llevado a un incremento de solicitudes de empleos en el extranjero, incluyendo para el combate activo. Las familias de los colombianos afectados que han fallecido o desaparecido en el campo de batalla tienen dificultades para obtener información, en particular en los casos de reclutamiento predatorio o engañoso.

«El elevado número de empresas de seguridad privada no reguladas, las armas sin licencia y las tecnologías de alto nivel, como los drones y las herramientas de vigilancia sofisticadas, plantean riesgos para los derechos humanos y la seguridad», afirmaron las expertas.

Las expertas señalaron que los empleos legítimos en funciones militares y de seguridad en el extranjero constituyen una importante fuente de trabajo para los colombianos. También advirtieron de que el uso de mercenarios está prohibido por el derecho internacional y supone una grave amenaza para los derechos humanos. Las expertas recomiendan acciones interinstitucionales coordinadas, cooperación internacional, campañas de sensibilización pública y mejores oportunidades económicas para prevenir el reclutamiento en el extranjero.

«Abordar de manera eficaz el reclutamiento de mercenarios no es solo una cuestión nacional, sino que requiere cooperación a nivel regional y mundial», afirmaron las expertas.

En su informe, las expertas reseñan que las últimas décadas de conflicto armado en Colombia han creado unas condiciones estructurales que favorecen la proliferación de actores armados. La consecuencia de este prolongado conflicto armado ha sido una sociedad altamente militarizada, con unas fuerzas armadas profesionales dotadas de capacitación especializada en combate, contrainsurgencia, inteligencia y guerra. En los últimos 11 años, en particular, se ha producido un aumento de la demanda mundial de personal colombiano para desempeñar funciones militares y de seguridad.

Los incentivos económicos y las lagunas normativas que rigen a estos actores han contribuido a la expansión del reclutamiento y el despliegue en el extranjero que han resultado difíciles de supervisar y controlar. Es probable que las tensiones geopolíticas en constante evolución y los conflictos armados en curso en todo el mundo aumenten la demanda de personal militar y de seguridad con experiencia, creando oportunidades de mercado cada vez mayores para que los colombianos busquen empleo en el extranjero en actividades relacionadas con las EMSP y el mercenarismo.

Lo que está claro, afirman, es que este fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de empresas militares y de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades colombianas.

En los últimos años, se han reclutado a colombianos para participar en conflictos armados, y se les puede encontrar en la República Democrática del Congo, la Federación de Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. También han recibido capacitación para prestar servicios de seguridad en la región de Oriente Medio, entre otros lugares, en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, son contratados para participar en operaciones de crimen organizado en la región de América Latina y el Caribe, especialmente en gran número en México y Brasil, y ofrecen servicios de seguridad en Ecuador, Perú, Haití y otros países vecinos.

Puntualizan que la detención de ciudadanos colombianos en relación con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití en 2021 amplificó la preocupación por los colombianos que viajan al extranjero e impulsó con fuerza la aprobación de la Ley 2569.

Muchos de los que viajan al extranjero para sumarse a situaciones de conflicto son exmilitares, exagentes de policía y veteranos. Otros también formaban parte de grupos armados y estructuras paramilitares. La mayoría, si no todos, son hombres de todas las edades, reclutados por toda Colombia, y procedentes de diferentes grupos étnicos, incluyendo de las comunidades indígenas. Cabe destacar que, entre muchos de los reclutados, hay personas procedentes de entornos económicamente desfavorecidos, con ciertas vulnerabilidades, como trastornos de salud mental y discapacidades.

El Grupo de Trabajo condena categóricamente el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, especialmente cuando estos obstaculizan los derechos humanos y el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Sin embargo, existen diferentes categorías de personas que viajan al extranjero para participar en situaciones de conflicto armado, y es necesario distinguirlas y evaluarlas para confirmar los casos de actividades
mercenarias prohibidas, ya que muchos colombianos también se han convertido en víctimas de reclutamientos predatorios.

Están aumentando los casos de reclutamiento predatorio en los que los reclutadores prometen salarios elevados y puestos de trabajo que resultan ser falsos. A las personas reclutadas son enviadas a desarrollar funciones de combate peligrosas, con restricciones de movimiento y comunicaciones; se les confiscan los documentos y las pertenencias personales y se las somete a condiciones inhumanas. Este tipo de reclutamiento puede constituir explotación laboral y
trata de personas, especialmente cuando implica engaño, abuso de la vulnerabilidad, coacción o control sobre la libertad de la persona. En tales casos, las personas no actúan como contratistas libres, sino que son explotadas dentro de redes laborales militarizadas transnacionales, lo que difumina la línea entre el mercenarismo y la trata. Algunos de estos casos requieren una acción inmediata y urgente dada la gravedad de las condiciones médicas, físicas y psicológicas.

Aunque Colombia regule las actividades de las empresas de vigilancia y seguridad privada en virtud del Decreto 356 de 1994, este sector sigue enfrentándose a numerosos retos. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia (SVSP) es el principal organismo supervisor que controla las actividades de las empresas de seguridad privada bajo la autoridad del Ministerio de Defensa Nacional. Hay alrededor de 1,351 empresas de seguridad privada registradas, con más de 400 000 empleados. Esta cifra no incluye a las empresas informales que operan al margen de la normativa. La capacidad limitada de los recursos financieros y humanos, junto con una supervisión débil y la falta de presencia en zonas remotas o rurales, son los principales retos a los que se enfrenta la Superintendencia. También es necesario mejorar la capacitación y los planes de estudios, incluyendo las normas de derechos humanos. Colombia se enfrenta a retos de seguridad pública que no puede satisfacer, lo que ha dado lugar a la expansión del sector de las empresas de seguridad privada. Casi todos los sectores de la sociedad colombiana recurren a la seguridad privada. El mayor consumidor de seguridad privada es el Estado. Esto subraya, por tanto, la necesidad de regular eficazmente el sector.

El Grupo de Trabajo observa con preocupación que hay más de 60,000 armas sin licencia circulan en Colombia, al alcance de las empresas de seguridad privada y los actores armados, lo que plantea graves preocupaciones en materia de derechos humanos. Las tecnologías emergentes y el armamento avanzado, incluyendo herramientas de vigilancia y drones, son
utilizados de manera habitual entre los actores de la seguridad privada y los actores relacionados con el mercenarismo, lo que refleja la naturaleza cambiante y cada vez más sofisticada de las operaciones militares y de seguridad.

Algunas empresas de seguridad privada (ESP) y redes de mercenarios colombianas se han relacionado con el crimen organizado, ya que las vías de reclutamiento, los canales de financiación y la logística utilizados para misiones de combate en el extranjero pueden superponerse con actividades delictivas transnacionales como el tráfico de drogas y trata de personas, el blanqueo de capitales y las redes de armas ilícitas. Los países vecinos fueron mencionados con frecuencia como centros neurálgicos donde los colombianos llevan a cabo estas actividades. Existe una gran preocupación por los colombianos que regresan y que han sido víctimas de reclutamiento predatorio o que han participado en conflictos armados en el extranjero. Muchos de los que regresan han sufrido traumas psicológicos, estigmatización social e incertidumbres jurídicas. La falta de oportunidades de empleo puede dar lugar a un nuevo reclutamiento y, por lo tanto, debe abordarse, ya que los que regresan pueden desempeñar un papel facilitador en las redes de reclutamiento de mercenarios y de personal militar y de seguridad privado.

El Grupo de Trabajo recibió información indicando que ciudadanos colombianos participaron deliberadamente en conflictos armados que dieron lugar a violaciones de los derechos humanos, incluyendo el reclutamiento y el entrenamiento de niños soldados en países como Sudán. En operaciones de combate, también han sido responsables de instigar actos de violencia y asesinatos, lo que a menudo ha perjudicado a las poblaciones locales y ha afectado negativamente al derecho a la autodeterminación. La compleja red de agentes de reclutamiento, facilitadores y cómplices que actúan a nivel transnacional ha dificultado la rendición de cuentas de los responsables. Las operaciones irregulares de algunas empresas militares y de seguridad privadas en diversas jurisdicciones siguen constituyendo un grave desafío. A nivel nacional, el Grupo de Trabajo tiene conocimiento de que algunas de estas empresas de seguridad privadas llevan a cabo operaciones de vigilancia (sin autorización) y utilizan armas y una fuerza desproporcionada en connivencia con otros actores armados, lo que supone un riesgo para los derechos humanos de las poblaciones locales. El uso de empresas de seguridad privadas en la industria extractiva también requiere una supervisión rigurosa para evitar riesgos para los
derechos humanos, especialmente en zonas donde la presencia de las fuerzas del orden es débil o prácticamente inexistente.

El Grupo de Trabajo recomienda establecer políticas e iniciativas coordinadas, interinstitucionales y multisectoriales, para hacer frente a las actividades de los mercenarios y las empresas de seguridad privada que operan dentro y fuera de Colombia. Además, insta a reforzar la cooperación entre los Estados de origen, tránsito y destino, lo que incluye mejorar el apoyo consular y la participación diplomática, con el fin de impedir que los colombianos se vean involucrados en actividades mercenarias prohibidas y actividades relacionadas con el mercenarismo. El Grupo de Trabajo también alienta a que la Corte Constitucional examine con celeridad la Ley 2569 y a que se ratifique la Convención de 1989 para tipificar como delito las actividades mercenarias, junto con la colaboración de la comunidad internacional para crear alianzas regionales, reforzar la coordinación y respaldar medidas destinadas a frenar el reclutamiento irregular y las operaciones de seguridad privada prohibidas.

El informe detallado del Grupo de Trabajo sobre esta visita se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de este año. El Grupo de Trabajo desea continuar su colaboración con el Gobierno de Colombia y ofrecerle apoyo y asistencia para abordar los retos señalados durante esta visita.

El informe detallado del Grupo de Trabajo sobre esta visita se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de este año. El Grupo de Trabajo desea continuar su colaboración con el Gobierno de Colombia y ofrecerle apoyo y asistencia para abordar los retos señalados durante esta visita.

*Las expertas:

Sra. Michelle Small (Sudáfrica), Presidenta-Relatora; Sr. Ravindran Daniel (India); Sra. Joana de Deus Pereira (Portugal); Sra. Jovana Jezdimirovic Ranito (Serbia), y el Sr. Andrés Macías Tolosa (Colombia), Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.

Los grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidas la OACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier punto de vista u opinión presentados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la OACNUDH.