La Fiscalía General de la Nación radicó este martes, 7 de abril de 2026, el escrito de acusación contra los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda) ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por su presunta responsabilidad en el entramado de corrupción de la UNGRD. El ente acusador busca demostrar que los exfuncionarios participaron en el desvío de millonarios recursos públicos destinados a la gestión del riesgo para, supuestamente, pagar dádivas a congresistas a cambio de favores legislativos, en un proceso que entra ahora en su etapa de juicio formal.

Presunta red de sobornos y vencimiento de términos

Según la investigación, los exministros habrían formado parte de una red que proyectó la entrega de 79 contratos, valorados en aproximadamente $612.000 millones, a diversos senadores y representantes a la Cámara. De acuerdo con las evidencias presentadas por la Fiscalía, el objetivo de estos movimientos era garantizar el apoyo a las reformas del Gobierno Nacional. No obstante, la defensa de Ricardo Bonilla ha denunciado irregularidades procesales, señalando que la acusación se radicó de manera extemporánea, superando los 120 días permitidos tras la imputación, por lo que han solicitado su libertad por vencimiento de términos.

Por su parte, el ente acusador sostiene que la medida de aseguramiento en centro carcelario —Velasco en la Escuela de Carabineros de Cali y Bonilla en la Escuela de Postgrados de la Policía en Bogotá— es necesaria para garantizar la integridad del proceso. La magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano será la encargada de resolver tanto la apelación de las defensas como la validez de los preacuerdos de otros implicados, como Olmedo López, en este caso que ha sacudido los cimientos de la administración pública colombiana.