En una reciente operación de seguimiento, los organismos de inteligencia del Estado colombiano documentaron mediante pruebas fotográficas una reunión de alto nivel entre los presuntos cabecillas de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, durante la segunda semana de abril de 2026. El objetivo de este encuentro habría sido coordinar la expansión territorial de sus estructuras armadas y fortalecer sus capacidades logísticas en medio de la ofensiva militar que adelanta el Ejército Nacional en la zona. Las autoridades investigan si estos movimientos se realizaron aprovechando los beneficios de movilidad derivados de los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional, lo que representaría una presunta violación a los compromisos de cese de hostilidades.

Los informes conocidos recientemente señalan que el grupo liderado por Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’, habría convocado a jefes de diferentes frentes para consolidar un «plan de guerra» que incluye el uso de nuevas tecnologías. Entre los asistentes se encontrarían, presuntamente, figuras clave como alias ‘Jhon Mechas’ y alias ‘Richard’, quienes habrían discutido la implementación de sistemas de defensa subterráneos y el despliegue de drones para ataques contra la Fuerza Pública.

Estas revelaciones coinciden con el hallazgo de un búnker fortificado por parte de las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, diseñado para resistir ataques aéreos y de artillería. Las fotografías obtenidas por inteligencia muestran a los supuestos delincuentes portando armamento de largo alcance y equipos de comunicación satelital, lo que evidencia el proceso de reincorporación a actividades criminales de varios sujetos que estaban bajo la lupa de los procesos de negociación.

El despliegue militar en el Catatumbo se ha intensificado tras conocerse que estas estructuras estarían utilizando las Zonas de Ubicación Temporal para camuflar movimientos de tropas y material bélico. La Fiscalía General de la Nación ha iniciado la recolección de pruebas para determinar si estos actos configuran delitos de reclutamiento forzado y terrorismo, manteniendo siempre el respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia de los señalados hasta que una sentencia judicial determine lo contrario.