Trasladan a «Kiko» Gómez y «Marquitos» Figueroa a La Picota tras advertencia de seguridad del presidente Petro
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) efectuó el traslado inmediato del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco «Kiko» Gómez, y del señalado narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa, alias «Marquitos» Figueroa, desde la cárcel La Picota en Bogotá hacia centros de reclusión de mayor seguridad en Caldas y Santander. La medida administrativa se tomó por orden del Gobierno Nacional, luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara públicamente una presunta conspiración contra su administración gestada desde el interior del penal y tras el hallazgo de elementos prohibidos, como licores, en los pabellones de máxima seguridad.
Detalles del operativo y nuevos destinos
El movimiento de los internos, que incluyó a un total de 11 reclusos, se realizó bajo un estricto dispositivo de seguridad coordinado por el Ministerio de Justicia. Según reportes oficiales, el exgobernador Gómez fue remitido a la cárcel de Doña Juana en La Dorada (Caldas), mientras que alias «Marquitos» Figueroa fue enviado al centro penitenciario Palogordo en Girón (Santander).
La decisión se precipitó tras las declaraciones del mandatario durante un Consejo de Ministros, donde señaló que estos individuos estarían utilizando su permanencia en el complejo penitenciario de la capital para articular acciones de desestabilización. A este panorama se sumó una inspección sorpresa en el pabellón ERON, donde la guardia incautó botellas de whisky y otros elementos no permitidos, lo que puso en entredicho los controles internos de La Picota.
Implicaciones legales
Es importante recordar que, aunque ambos sujetos cuentan con condenas previas por diversos delitos, el INPEC y el Ministerio de Justicia mantienen el uso de medidas de seguridad preventivas para garantizar el orden público. Respecto a las nuevas acusaciones de conspiración mencionadas por la Presidencia, se deberá respetar la presunción de inocencia de los implicados hasta que las autoridades competentes realicen las investigaciones pertinentes y se emita una sentencia judicial en firme sobre estos hechos específicos.

