–«La investigación del New York Times, muestra la verdad, una realidad evidente en Colombia. La mayor economía ilícita es el oro, y se vende legal fundamentalmente en EE.UU y financia sus negocios inmobiliarios como oro legal». Estas precisiones las hace en su cuenta en X el presidente Gustavo Petro en reacción a la publicación que hizo el influyente diario de que el gobierno estadounidense, a través de la Casa de la Moneda, compra oro de origen extranjero, incluido el de una mina en Colombia controlada por la banda criminal clan del golfo.

El diario El País de España al reproducir la información del NYT destacó que la mina, conocida como La Mandinga, está controlada por el clan del golfo, está ubicada «a pocos metros del Batallón Rifles 31, una unidad militar colombiana en el noroeste del país», donde «decenas de mineros con mangueras de alta presión destrozan el bosque para extraer oro ilegalmente».

Sin embargo, el jefe del Estado advierte que el medio de comunicación norteamericano «no menciona qué hace el gobierno nacional en contra», porque, «no nos entrevistó».

Y entra a hacer las siguientes explicaciones:

«El gobierno nacional propone volver al monopolio estatal de la compra del oro, esto debe introducirse como reforma constitucional.

El neoliberalismo montado en el mercado del oro por ley en el gobierno de Cesar Gaviria, y la ley del Banco de la república también en el mismo gobierno, solo creó una financiación de los grupos armados y desarrolló un mafia poderosa con vínculos políticos y estatales, que combina cocaína, oro y otras economías ilícitas.

El homicidio proviene en Colombia en esta fase última por la lucha de diferentes mafias diferentes entre sí para controlar territorios ricos en oro y hoja de coca.

Que oficiales de la fuerza pública están pagos por las mafias es una realidad, por eso la campaña que ordené de destrucción con explosivos de maquinaria para el robo del oro que hacen con destrucción del agua, la principal riqueza del país es inocua, si la policía y el ejército dejan pasar la nueva maquinaria por vías casi imposibles o los astilleros que fabrican estás máquinas.

La pequeña minería hay que apoyarla y por eso debe cambiar el código minero de Andrés Pastrana que trata a los pequeños mineros como delincuentes para entregar el subsuelo de Colombia a multinacionales.

El proyecto está en el Congreso y no ha recibido ni siquiera ponencia porque hay políticos y no solo militares financiados por las economías ilícitas y son aliados de la mafia.

El gobierno debe fortalecer las empresas de compra de oro que ya tenemos y debe haber ahorro presupuestal en oro, guardado en el banco de la república pero como ahorro pensional y no como reservas internacionales. Está orden está impartida por el presidente de la república.

Las grandes transferencias que hace el gobierno a Colpensiones y no al revés como falsamente acusó la extrema derecha estos días en voz de sus dos candidatos presidenciales, debe hacerse en oro, con lo que colaboramos con 12 billones anuales el mercado que controla la mafia y lograríamos más solidez para mantener la pensiones en Colombia.

Las ventas de oro que tenga que hacer Colpensiones para pagar a pensionados debe hacerse al Banco de la República para subir reservas. Por esto hay que reformar la ley del Banco de la República.

Si el gobierno entra al mercado del oro podrá disminuir el negocio de la mafia, pagando a los pequeños mineros más que lo que paga la mafia, que en general cobra a los mineros pagando bajos precios por el oro.

Con el clan del golfo y el Eln, organización que cambio lo que significa la palabra N en su nueva fase traqueta y es ahora un grupo de liberación del narcotráfico: GLN, no hay negociaciones, las rompió el clan del golfo cuando hablamos de una disminución paulatina de economías ilícitas en la regiones claves y lo mismo pasó con el GLN, que se dedicó a asesinar campesinos en el Caratumbo. No estoy de acuerdo con la Fiscal que dice que la guerra comienza por el asesinato que hizo del Frente 33 contra a personas colaboradoras del GLN, Debe actuar la fuerza pública contra ellos son malos oficiales en nómina de las mafias».