La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, ratificó este jueves su decisión de no suspender, por el momento, las 29 órdenes de captura contra los supuestos integrantes del Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). La determinación surge tras una reunión de alto nivel en Bogotá con el Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, donde se discutió la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). La jefa del ente acusador argumentó que no existen aún garantías de seguridad jurídica ni verificaciones suficientes sobre el cese de actividades criminales para proceder con dicha solicitud gubernamental.

Durante el encuentro, que se extendió por más de tres horas, la Fiscalía defendió los fundamentos de la Resolución 00142. Según la entidad, cualquier beneficio judicial está condicionado a que los presuntos delincuentes demuestren un compromiso real con la paz, lo que incluye la entrega de menores reclutados, la ubicación de personas desaparecidas y el desmantelamiento de estructuras financieras ilícitas. La fiscal Camargo enfatizó que las instituciones no pueden actuar de manera automática sin un mecanismo de verificación trazable que asegure el tránsito efectivo hacia la legalidad.

Uno de los puntos de mayor fricción en la negociación es la situación de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, el presunto máximo líder de la organización, quien está incluido en el listado de beneficios solicitado por el Gobierno Nacional. Sobre este individuo pesa un requerimiento de extradición por parte de los Estados Unidos, avalado por la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía instó al Ejecutivo a honrar los compromisos de cooperación judicial internacional, recordando que la discrecionalidad presidencial no debe vulnerar la persecución de delitos transnacionales.

Finalmente, el ente investigador aclaró que las Zonas de Ubicación Temporal no entrarán en vigor sino hasta finales del próximo mes de junio. Hasta esa fecha, la fuerza pública y la justicia ordinaria mantienen plenas facultades para ejecutar las capturas vigentes. El organismo subrayó que el proceso penal no se interrumpe y que la seguridad jurídica solo se otorgará cuando se cumplan los requisitos legales y se verifique el cese total de hostilidades contra la población civil por parte de los presuntos miembros del grupo armado.