–En cumplimiento de las directrices trazadas por el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 0900 de 2026 mediante la cual refuerza los mecanismos de control sobre los dineros destinados al sector salud. Esta acción busca mejorar el seguimiento y la trazabilidad de los recursos sin modificar su destinación ni imponer nuevas cargas a hospitales, clínicas o entidades territoriales, explicó el Ministerio.

En un comunicado aclaró que la normativa no altera el uso de los recursos ni restringe la gestión de las entidades del sector, sino que actualiza los procesos de vigilancia y verificación. Con ello, se pretende garantizar que los fondos transferidos a departamentos, municipios y Empresas Sociales del Estado (ESE) sean ejecutados de manera adecuada, en concordancia con los principios de eficiencia y transparencia promovidos por el Gobierno nacional.

Entre las principales disposiciones de la resolución se encuentra el fortalecimiento de los soportes documentales que deben presentar las entidades sobre la ejecución de los recursos. Estos incluyen contratos, informes técnicos y financieros, actas de ejecución y documentos relacionados con el reintegro de dineros no utilizados. Con esta medida, el Gobierno busca asegurar un control más riguroso y detallado sobre cada etapa del uso de los recursos públicos.

Asimismo, la normativa introduce nuevas certificaciones para validar la autenticidad de la información reportada en la plataforma PISIS, garantizando que los datos reflejen de manera fiel la destinación de los recursos y su uso conforme a la ley. Este componente responde a la instrucción presidencial de fortalecer los sistemas de información como herramienta clave para prevenir irregularidades y mejorar la gestión pública.

La Resolución 0900 de 2026 aplicará a las nuevas transferencias de recursos realizadas desde su expedición y a aquellos procesos que aún no cuentan con cierre definitivo, sin afectar los ya concluidos. Con esta decisión, el Gobierno del presidente Petro reafirma su compromiso con la transparencia, el control efectivo del gasto público y la garantía de que los recursos de la salud lleguen a los ciudadanos y cumplan su propósito social.