–La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Elda Neyis Mosquera, alias Karina y otros 8 exintegrantes de la organización ilegal por 3.358 conductas delictivas perpetradas en Antioquia, Córdoba, Chocó, Quindío, Caldas y Risaralda, en desarrollo del conflicto armado.

La alta corporación dejó en firme la condena alternativa de estos postulados de Justicia y Paz por su responsabilidad en 6 patrones de criminalidad: desaparición forzada, homicidio, reclutamiento ilícito, violencia basada en género, secuestro y desplazamiento forzado.

La condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, tras decidir los recursos de apelación interpuestos por el representante del Ministerio Público y los representantes de víctimas, contra la sentencia del 6 de mayo de 2022 proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Con Elda Neyis Mosquera García, alias Karina, los condenados son: Danis Daniel Sierra Martínez, Nelson Antonio Patiño Cuartas, Marco o Marcos Fidel Giraldo Torres, Pedro Luis Pino Valderrama o Balderrama, Virgilio de Jesús Guzmán, Fabio Nelson Aguirre Aguirre, Jesús Alberto Giraldo Hernández y Edison de Jesús Rúa Cataño, todos los cuales formaron parte de estos grupos criminales de las desaparecidas Farc: bloque «José María Córdova, Iván Ríos, y bloque noroccidental o Efraín Guzmán.

Según la Fiscalía, Elda Neyis Mosquera García, alias «Karina, La Negra o La Cucha», se desempeñó como cabecilla del frente 47 del bloque José María Córdova de las extintas Farc. Ingresó a la organización a la edad de 17 años -3 de septiembre de 1984-, en la vereda Arenas Altas, corregimiento Los Mandarinos, jurisdicción del municipio de Turbo, Antioquía.

Alias «Karina», quien se entregó a las autoridades el 18 de mayo de 2008, fue sentenciada a una pena alternativa de 8 años de prisión por el sistema de Justicia y Paz, tras confesar miles de crímenes y cumplir con los requisitos de desmovilización. Previamente, la justicia ordinaria había emitido condenas en su contra por más de 30 años por delitos graves como homicidio y desplazamiento forzado, las cuales fueron unificadas y sustituidas bajo los beneficios del proceso de Justicia y Paz.

La Sala modificó el reconocimiento de víctimas y los montos de indemnización y exhortó a la Defensoría del Pueblo para que capacite a sus funcionarios en temas de indemnizaciones dentro del incidente de reparación integral.