El Concejo de Bogotá aprobó en primer debate, este jueves, un ambicioso proyecto de acuerdo que busca institucionalizar el control integral contra los presuntos evasores del pago en Transmilenio. La iniciativa, impulsada por la cabildante Clara Lucía Sandoval, pretende mitigar el desangre financiero que afecta gravemente al sistema de transporte de la capital colombiana. La decisión se tomó ante las alarmantes cifras de pérdidas económicas, ocasionadas por la gran cantidad de personas que ingresan diariamente a las troncales sin validar su respectivo pasaje.

De acuerdo con las estadísticas reveladas durante la discusión, el panorama es profundamente crítico para las finanzas públicas del Distrito. En la actualidad se contabilizan cerca de 262.000 presuntos infractores cada día, una cifra que equivaldría a llenar más de cuatro veces el estadio El Campín de manera diaria. Esta conducta irregular se traduce en un hueco fiscal con pérdidas que ascienden a los 295.000 millones de pesos al año, recursos vitales que dejan de invertirse en la mejora de la infraestructura y el servicio para los usuarios.

El plan avalado busca ir más allá de la simple persecución de los supuestos evasores, proponiendo una política pública institucionalizada para recuperar la cultura ciudadana, proteger los recursos públicos y fortalecer la autoridad. Un argumento contundente durante la sesión fue la baja efectividad de las medidas correctivas actuales: de los 174.000 comparendos impuestos a los ciudadanos investigados por evadir el pago, apenas el 5,95 % han sido pagados efectivamente, demostrando que el modelo de sanción vigente requiere una reestructuración urgente.

Tras lograr luz verde en esta comisión, el proyecto continuará su trámite decisivo en la Plenaria del Concejo de Bogotá para consolidarse como un acuerdo distrital. Diferentes analistas y expertos en movilidad coinciden en que la solución a este flagelo debe ser estructural; por lo tanto, a estas nuevas medidas legales deberá sumarse la aceleración en la instalación de torniquetes de piso a techo y puertas automáticas. De aprobarse en su totalidad, la ciudad contará con herramientas más rigurosas para garantizar la sostenibilidad y convivencia dentro de la principal red de transporte urbano.