El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a su movimiento político el retiro inmediato de toda publicidad electoral que utilice símbolos patrios, en el marco de la contienda que se desarrolla en Colombia. Esta decisión judicial, de carácter preventivo, responde a una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos, quien argumenta una supuesta vulneración a la igualdad y el uso indebido de elementos exclusivos del Estado para fines proselitistas.

La medida cautelar proferida por la Sala Segunda del tribunal, bajo la ponencia del magistrado Rafael Albeiro Chavarro, establece un plazo riguroso de 24 horas para que el equipo de campaña elimine dichas piezas de sus redes sociales, páginas web y medios de comunicación masiva. Específicamente, el fallo prohíbe emplear la bandera de la República de Colombia, el escudo nacional y cualquier imagen, saludo o emblema que resulte alusivo a las instituciones de la Fuerza Pública, tanto militares como policiales.

Además de restringir los elementos visuales, este dictamen afecta directamente la narrativa central del candidato. El despacho ordenó la suspensión temporal de las expresiones «Firmes por la patria», el principal eslogan de su candidatura, y prohíbe la propaganda con el nombre «Defensores de la patria», el movimiento que lo respalda. Todo el material retirado deberá ser debidamente archivado y remitido al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su conservación mientras se emite un veredicto final sobre estas presuntas infracciones.

Este nuevo revés legal se suma a otras restricciones recientes que ha enfrentado el presunto infractor de las normas electorales. Hace pocos días, otro juez de la República le había ordenado abstenerse de utilizar la camiseta de la Selección Colombia en sus actos públicos y piezas promocionales. En esa ocasión, la tutela buscaba proteger el derecho a la igualdad de condiciones frente a los demás contendientes, lo que ha ido acotando las herramientas de identidad nacional que la campaña venía explotando.

Ante este panorama legal, las reacciones de sus simpatizantes no se han hecho esperar. Figuras de su sector político, como el representante a la Cámara electo Daniel Briceño, calificaron la restricción en redes sociales como un «atropello». No obstante, desde el punto de vista jurídico, es imperativo recordar que las actuales disposiciones son estrictamente medidas cautelares; será un fallo judicial definitivo el que determine la responsabilidad real en las supuestas irregularidades, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia de la campaña implicada.