La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este martes, desde su sede en Washington, el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento, asestando un revés judicial a una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump. Con una votación de seis a favor y tres en contra, el máximo tribunal determinó que la medida presidencial es inconstitucional, debido a que la Decimocuarta Enmienda de la carta magna protege jurídicamente a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La controvertida iniciativa, firmada por el mandatario el primer día de su segundo mandato en enero de 2025, pretendía excluir del derecho a la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados y de personas que estuvieran en el país con visados temporales. La administración republicana argumentaba que los redactores de la enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, pensaban únicamente en personas con una lealtad permanente hacia el país y no en visitantes o residentes en situación irregular. Sin embargo, la orden presidencial nunca logró implementarse de manera práctica gracias a los bloqueos preliminares impuestos por diversos tribunales inferiores.

El presidente del alto tribunal, John Roberts, redactor de la opinión mayoritaria, reafirmó un precedente histórico que ha regido en el país norteamericano por más de 150 años. El dictamen subrayó que la frase constitucional que otorga la ciudadanía a todos los nacidos en la nación y «sujetos a su jurisdicción» abarca a la inmensa mayoría de las personas dentro de sus fronteras, exceptuando únicamente casos muy puntuales como los hijos de diplomáticos extranjeros. Por su parte, tres magistrados del ala conservadora —Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— emitieron votos disidentes, al considerar que la ciudadanía por nacimiento no debería tener un carácter totalmente automático para los hijos de residentes temporales o no autorizados.

Este fallo representa un profundo alivio para miles de familias inmigrantes que enfrentaban incertidumbre sobre el futuro legal de sus hijos en medio de políticas migratorias cada vez más restrictivas. Investigadores y organizaciones civiles estimaban que, de haberse ejecutado plenamente la orden gubernamental, alrededor de 250.000 niños nacidos cada año habrían dejado de obtener la nacionalidad estadounidense. Diversos expertos jurídicos han aclarado que, tras confirmarse la inconstitucionalidad de la norma, todos los menores nacidos durante el periodo en que la orden se mantuvo en disputa tienen plenamente asegurado su estatus como ciudadanos.

Más allá de sus efectos a corto plazo, la sentencia de la Corte Suprema pone un límite claro al debate sobre el llamado «turismo de nacimiento», un fenómeno criticado por sectores que buscaban modificar las reglas de inmigración alegando que la ley actual incentiva a extranjeros a viajar al país para dar a luz. Al proteger el sistema de jus soli (derecho de suelo), la decisión no solo desarticula el núcleo de la política migratoria impulsada por la actual administración de la Casa Blanca, sino que blinda un pilar fundamental de la historia constitucional estadounidense frente a futuros intentos de modificación ejecutiva.