–Según el último Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de 2026 se registraron en Colombia 83 eventos de desplazamiento forzado masivo afectaron a 15.960 personas en Colombia. Por su parte, 44 eventos de confinamiento restringieron la movilidad de 64.787 personas.

Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena concentraron el mayor número de personas desplazadas durante el semestre, mientras que Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca registraron las mayores afectaciones por confinamiento.

Solamente en junio, la entidad documentó 12 eventos de desplazamiento, con 2.742 personas afectadas, y seis eventos de confinamiento que impactaron a 3.190 personas. El informe también señala que la persistencia de estas dinámicas agrava la situación de vulnerabilidad de comunidades indígenas y afrodescendientes.

El balance incorpora, por primera vez, el análisis a la situación de connacionales deportados que llegan en vuelos procedentes del exterior. Entre enero y junio fueron acompañados 17 vuelos provenientes de Estados Unidos, Chile y España, en los que retornaron 1.663 personas. Durante junio se recibieron cuatro vuelos con 361 connacionales.

Mediante entrevistas voluntarias, la entidad constató que el 66 % de las personas migró en busca de empleo o mejores ingresos y que más del 22 % lo hizo por razones relacionadas con el conflicto armado, la inseguridad o las amenazas. El 83 % manifestó su intención de regresar a su lugar de origen tras retornar al país.

El monitoreo permitió identificar casos en los que se evidencian condiciones inadecuadas de salud, alimentación, hacinamiento, maltrato verbal o psicológico y violencia física en el proceso de deportación.

Entre enero y junio de 2026, el departamento de Norte de Santander, en los municipios de El Tarra, Ocaña, Sardinata y Tibú, ha sido el más afectado por el desplazamiento forzado masivo con más de 3.800 personas afectadas, seguido del Cauca (Argelia, Buenos Aires, López, Patía y Suárez) con más de 2.600 personas afectadas; Nariño (Barbacoas, Cumbitara, El Charco, Linares, Los Andes, Roberto Payán y Samaniego) con más de 2.600 personas; Antioquia (Anorí, Briceño, El Bagre, Remedios, Segovia, Tarazá, Yondó y Zaragoza) con más de 2.100 personas; y Magdalena (Aracataca, Ciénaga, Fundación y Pivijay) con más de 1.200 personas afectadas. En menor medida, los departamentos de Guaviare (San José del Guaviare), Atlántico (Barranquilla) y Vichada (La Primavera) también han sido afectados.

Las conductas y afectaciones a los derechos humanos más recurrentes de los actores armados y causantes de los desplazamientos masivos en el país son las amenazas, los combates, los ataques con drones, los actos terroristas y los contactos armados.

En general, el desplazamiento forzado masivo, en estos seis meses de 2026, es común a todos los grupos que hacen presencia en los territorios afectados, no obstante, se puede apreciar que son las disidencias de las extintas Farc y el Eln que tienen un impacto mayor sobre la ocurrencia de hechos que ocasionan el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

Adicionalmente, los desplazamientos forzados masivos presentados en estos seis meses del año han afectado 14 comunidades afrodescendientes y a 15 indígenas. Esto significa que el 17% de los eventos de desplazamiento forzado masivo afectan a comunidades afrodescendientes y otro 18% afectan a comunidades indígenas.

En lo que respecta al confinamiento, durante el primer semestre del año, el departamento de Putumayo en los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, con más de 12 mil 600 personas afectadas, es el más golpeado por el confinamiento,
seguido de Caquetá (11.650 personas) en los municipios de Cartagena del Chairá, San José del Fragua y Solano; Chocó (811.166) en los municipios de Alto Baudó, Atrato, Bajo Baudó, El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Nuquí y Tadó; Cauca (10.672 personas), en los municipios de Argelia, Guapi, Patía, Santander de Quilichao, Suárez, Sucre y Timbiquí; Antioquia (5.705 personas) en Briceño, El Bagre, Frontino, Remedios y Segovia; Bolívar (3.882 personas) en Norosí y Santa Rosa del Sur; Norte de Santander (3.300 personas) en los municipios de La Esperanza y Sardinata; Magdalena (2.581 personas) en Aracataca; Amazonas (2.295 personas) en Puerto Santander; Arauca (458 personas) en Tame; Meta (276 personas) en Lejanías; y Guanía (155 personas) Inírida.

Los autodenominados AGC o EGC y el Eln, las disidencias de las extintas Farc y las ACSN, son los grupos con presencia en los territorios en donde se han presentado estos eventos de confinamiento y sus principales conductas, identificadas como posibles causas de estas situaciones, son las amenazas, los combates, el contacto armado, los hostigamientos y los ataques con drones.

Algunos de estos confinamientos se han presentado en territorios de 27 comunidades étnicas, de las cuales
6 son afrodescendientes y 21 son indígenas. Esto representa que el 48 por ciento de los eventos de confinamiento afectan a comunidades indígenas y 14% a comunidades afrodescendientes.

El documento reúne, además, las principales acciones de la Defensoría durante el semestre para fortalecer el seguimiento de la movilidad humana en el país.

Entre ellas están el acompañamiento a los vuelos de connacionales deportados, la misión de monitoreo en la frontera colombo-panameña, la participación en espacios de articulación sobre política migratoria y la implementación de la campaña #PásaloPorElVAR, orientada a prevenir la trata de personas y el tráfico de migrantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El informe plantea la necesidad de reforzar la articulación interinstitucional y las medidas de protección en los territorios con mayores riesgos para la población en movilidad humana. Asimismo, la urgencia de emprender acciones de atención humanitaria y activar rutas y protección diferenciada para niñas, niños, adolescentes, mujeres gestantes y pueblos étnicos.

La Defensoría del Pueblo indicó que continuará haciéndole seguimiento a la situación de movilidad humana en Colombia, con el propósito de identificar tendencias, documentar riesgos y aportar información para que sean puestas en marcha medidas de prevención, protección y atención. El monitoreo de estos fenómenos busca fortalecer la respuesta institucional y contribuir a la garantía de los derechos humanos, puntualizó.