–(Imagen UNGRD)A través del Decreto 0802 de 2026 publicado este jueves 23 de julio, el Gobierno Nacional oficializó la declaratoria de «situación de desastre nacional ante el riesgo inminente, expresado en impactos, daños y pérdidas, asociado a la ocurrencia y desarrollo del Fenómeno del Niño en todo el territorio nacional, por un término de doce (12) meses”.

La medida formaliza el traslado de recursos para cubrir los costos de los efectos que produzca el fenómeno climático y reducir el riesgo al que pueda estar expuesto el país, al amparo «de la obligación social del Estado de proteger la vida y salud de las personas, garantizar el acceso efectivo y continuo a los servicios básicos, y también de encargarse de la gestión del riesgo de desastres para hacer uso de la figura de desastre nacional, en aras de atender la inminente emergencia».

El sustento técnico incluye los análisis de la UNGRD, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y los ministerios de Minas y Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, y Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales advierten sobre la posibilidad de que se presente un fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre de 2026 y comienzos de 2027.

El escenario previsto podría reducir la disponibilidad de agua, afectar la generación hidroeléctrica, aumentar la presión sobre el abastecimiento de alimentos y generar dificultades en la prestación de servicios esenciales. Cerca de un millón de personas en condición de alta vulnerabilidad podrían verse especialmente afectadas por una eventual reducción de la oferta hídrica y sus efectos sobre el sistema energético.

Para responder a este panorama, el presidente Gustavo Petro ordenó reasignar $4 billones para fortalecer las acciones frente al fenómeno de El Niño.

La respuesta se organizará mediante un Plan de Acción Específico con cuatro prioridades: alimentos; agua; salud y asuntos ambientales; y energía.

A este esfuerzo se suma la estrategia Colombia Solar, que busca acelerar la instalación de soluciones de generación de energía solar en comunidades vulnerables, zonas rurales y hogares de los estratos 1, 2 y 3.

“No podemos esperar a que las consecuencias se materialicen para actuar. La Ley 1523 de 2012 establece que la inminencia de un riesgo capaz de generar graves impactos sociales, económicos y ambientales constituye uno de los criterios para declarar una situación de desastre. En este caso, dicha inminencia está respaldada por información técnica y por las condiciones que actualmente se presentan en el territorio nacional”, señaló el director general de la UNGRD, Javier Pava Sánchez.

Con la declaratoria, la UNGRD coordinará la formulación del Plan de Acción Específico y la articulación de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

El propósito es concentrar capacidades y recursos en la protección de la vida y la atención de las comunidades más vulnerables antes de que los impactos previstos se materialicen plenamente.?