El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el presidente Abelardo de la Espriella entregaron a la Fiscalía General de la Nación, este martes en la ciudad de Bogotá, un extenso documento que contiene más de 80 denuncias sobre supuestas irregularidades. Esta diligencia oficial, motivada por los hallazgos del reciente proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro, se llevó a cabo con el propósito de que el ente acusador investigue a fondo el presunto detrimento del patrimonio público en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción.

El informe, conocido mediáticamente como el ‘Libro de la verdad’ o ‘Libro Blanco’, expone una serie de presuntas anomalías financieras y administrativas documentadas en diversas entidades estatales. Según las declaraciones entregadas por los altos funcionarios, entre las principales inquietudes destacan una aparente opacidad en el manejo de la deuda de la nación, posibles fallas en la ejecución de proyectos en el Páramo de Santurbán y supuestas contrataciones irregulares tanto en el Ministerio de Igualdad como en la Cancillería.

Uno de los capítulos que mayor alarma generó corresponde a los presuntos desbalances presupuestales en entidades de alcance nacional. Los informes técnicos señalan que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) habría ejecutado únicamente el 4,3 % de su presupuesto a lo largo de cuatro años, perdiéndose el rastro de cerca de 1,38 billones de pesos. Además, la nueva administración advirtió sobre una supuesta desfinanciación temprana del programa social Colombia Mayor, aparentes pérdidas billonarias en empresas de energía y la presunta creación de una nómina paralela que ascendería a unos 900.000 contratos de prestación de servicios en diversas carteras.

Frente a la gravedad de los reportes, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, notificó la conformación inmediata de un equipo élite de investigación. Este grupo especializado estará encabezado por las directoras de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra la Corrupción, quienes se encargarán de verificar la validez de los expedientes documentales y determinar las rutas jurídicas correspondientes frente a los posibles hechos punibles.

En concordancia con los principios fundamentales del derecho, el actual Ejecutivo fue enfático en aclarar que su labor se ha limitado a poner las alertas en conocimiento de las autoridades, respetando estrictamente la presunción de inocencia de todos los funcionarios mencionados. La responsabilidad de establecer culpabilidades individuales o emitir sentencias condenatorias recae exclusivamente sobre los jueces de la República y el sistema de justicia, tras garantizar el debido proceso legal e investigativo.