El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles que declarará el estado de emergencia económica y social en toda Colombia, con el firme propósito de movilizar recursos urgentes para atender a los miles de damnificados y liderar la reconstrucción de las infraestructuras colapsadas tras el reciente sismo de gran magnitud. Esta decisión extraordinaria busca hacer frente a las millonarias pérdidas materiales en un contexto donde el país atraviesa una profunda crisis fiscal, lo que imposibilitaba al Gobierno utilizar exclusivamente las herramientas presupuestales ordinarias para socorrer a las regiones vulneradas.

Durante una alocución oficial, el mandatario explicó que el llamado «decreto madre» de la emergencia será suscrito de manera conjunta con todo su gabinete durante la sesión del Consejo de Ministros. Bajo esta figura de excepción amparada por la Constitución, el poder Ejecutivo quedará plenamente facultado para emitir decretos con fuerza de ley, lo que le permitirá reestructurar partidas del Presupuesto General de la Nación, modificar ciertas cargas tributarias de manera temporal y agilizar la contratación de obras civiles sin los prolongados trámites habituales.

La justificación central para recurrir a esta drástica medida radica en el complejo y delicado panorama económico que atraviesa la actual administración. Según detalló el propio jefe de Estado, Colombia enfrenta la situación fiscal más desafiante de su historia republicana, recordando que aproximadamente uno de cada tres pesos que se recaudan actualmente a través de impuestos debe destinarse de forma obligatoria al pago de la deuda pública, estrechando dramáticamente el margen de maniobra del Estado frente a catástrofes naturales.

En paralelo a la consolidación jurídica del decreto, el Gobierno nacional ha logrado importantes consensos con el sector privado para intentar mitigar el severo impacto en la economía de las víctimas. En este sentido, se acordó estructurar un ambicioso paquete de alivios financieros valorado en 1,1 billones de pesos junto con Asobancaria. Dicho plan brindará a las familias y empresas damnificadas en los territorios golpeados periodos de gracia de hasta doce meses, suspensión temporal de cobros jurídicos y una protección especial de su historial en las centrales de riesgo.

Finalmente, para asegurar que la inyección de capital llegue efectivamente a donde más se necesita, el Gobierno advirtió que se ejecutarán recortes en los gastos asociados a programas no prioritarios establecidos durante el mandato del expresidente Gustavo Petro. Esta reingeniería del gasto público buscará priorizar la atención directa de los afectados, garantizando al mismo tiempo que no se afecte bajo ninguna circunstancia la cobertura social básica de las poblaciones de menores ingresos ni se permita ninguna fuga de capital por presunta corrupción.