–Un fiscal de la Dirección Especializada contra la corrupción radicó el escrito de acusación contra Luis Edmundo Suárez Soto y otras cinco personas por las irregularidades detectadas en el contrato por 32 millones de dólares para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

Según la acusación, estos procesados habrían intervenido en el direccionamiento del proyecto en favor de una compañía extranjera que no cumplía los requisitos de ley ni contaba con la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas.

Por ello, se les endilgan los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.

La Fiscalía informó que elementos materiales probatorios recopilados permitieron establecer irregularidades en la adjudicación del contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, suscrito entre el Ministerio de Defensa y una empresa norteamericana, el cual ascendió a 32 millones de dólares y tenía por objeto el mantenimiento y suministro de repuestos para los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

En ese sentido, se conoció que el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie se habrían concertado con el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, Luis Edmundo Suárez Soto, para que la compañía extranjera se quedara con el contrato sin tener la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas.

Para consolidar esta actividad ilegal presuntamente contaron con la intervención del exsecretario general, Hugo Alejandro Mora Tamaño, y el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y el excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.

Los entonces funcionarios, al parecer, no adelantaron un proceso abierto y recurrieron a una contratación directa para adjudicar el contrato y realizaron una convocatoria directa, flexibilizaron requisitos habilitantes y extendieron plazos para la presentación de cotizaciones. Adicionalmente, son señalados de convocar reuniones de estructuración en busca de beneficiar al oferente, permitirle entregar información financiera y técnica no real, y modificar la forma de pago para girar 16 millones de dólares con el primer corte de ejecución, que correspondía al 50% del valor total del contrato.

La audiencia de acusación se hará en la fecha y la hora establecidas por la Judicatura.