La coalición de gobierno Pacto Histórico enfrenta una fuerte división interna en el Congreso de la República, luego de que esta semana algunos de sus representantes en la Comisión de Acusación respaldaran una sorpresiva solicitud judicial de la defensa del expresidente Álvaro Uribe. La controversia se desató porque los votos oficialistas apoyaron que esta célula legislativa asumiera la competencia de la investigación en su contra por la supuesta creación de grupos paramilitares, un hecho que generó profunda molestia entre otros líderes del movimiento que exigen que el caso permanezca en la justicia ordinaria.

El origen de esta fractura se remonta a la petición formulada por el abogado defensor del exmandatario. La defensa solicitó que el expediente judicial —que indaga la posible responsabilidad del líder político en los hechos violentos de El Aro y La Granja ocurridos durante su periodo como gobernador de Antioquia en los años noventa— fuera trasladado del ente acusador a la Comisión de Acusación. La aprobación de esta solicitud por parte de varios congresistas progresistas fue interpretada por diversos sectores políticos como un inusual salvavidas jurídico en favor del presunto implicado.

Ante la ola de críticas y los fuertes señalamientos en la opinión pública sobre una supuesta alianza entre sectores diametralmente opuestos, los legisladores del Pacto Histórico se vieron obligados a emitir un comunicado oficial. En el documento, los congresistas descartaron tajantemente que exista un «acuerdo político» para favorecer la situación legal del exjefe de Estado, argumentando que su voto se basó en una interpretación estrictamente técnica y constitucional sobre el fuero que cobijaría la época en la que habrían ocurrido los supuestos delitos.

Sin embargo, la explicación no calmó los ánimos dentro de la propia coalición gubernamental. Figuras representativas cuestionaron de inmediato la maniobra parlamentaria y exigieron públicamente que la Fiscalía General de la Nación mantenga intacta su competencia investigativa frente a los presuntos homicidios y el supuesto concierto para delinquir agravado. Paradójicamente, en medio del revuelo, el propio Álvaro Uribe hizo público que instruyó a su equipo legal para solicitar que sea la Fiscalía la entidad que conserve el caso, exigiendo que se le brinden todas las garantías procesales.

Con el proceso sumido en la incertidumbre política y legal, el futuro de la investigación por la supuesta conformación de estructuras paramilitares queda ahora en un limbo. Ante la decisión adoptada por la Comisión de Investigación y Acusación y la postura inamovible de la Fiscalía de no ceder el expediente, todo indica que será la Corte Constitucional la encargada de dirimir este complejo conflicto de jurisdicciones, determinando en última instancia qué tribunal tiene la potestad para investigar estos delicados hechos.