El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este sábado una serie de resoluciones que desmontan oficialmente varias mesas de diálogo de la denominada «Paz total» en el territorio nacional, argumentando una presunta ausencia de voluntad de paz y una falta de intención para reincorporarse a la vida civil por parte de estructuras armadas como las disidencias lideradas por el supuesto cabecilla alias ‘Calarcá’.

La medida, que pone fin a los procesos de negociación heredados de la administración de Gustavo Petro, afecta principalmente al Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio y al Frente Raúl Reyes. Esta estructura, comandada por Alexander Díaz (‘Calarcá’), se había separado previamente del Estado Mayor Central liderado por ‘Iván Mordisco’. Sin embargo, el Gobierno determinó a través de la resolución 343 que ya no existen garantías ni elementos suficientes para acreditar su supuesta intención de reintegrarse a la legalidad.

Además de las disidencias mencionadas, las recientes decisiones ejecutivas impactan directamente a otras dos organizaciones armadas. Por un lado, la resolución 346 da por terminados los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Por otro lado, mediante la resolución 348, el Ejecutivo revocó el reconocimiento político que ostentaban nueve presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, ordenando la reactivación inmediata de sus órdenes de captura para que respondan ante la justicia por los delitos que se les atribuyen.

En medio de esta reestructuración de la política judicial, el mandatario también eliminó los reconocimientos especiales que permitían a ciertos líderes armados participar activamente en los procesos de paz. Entre los principales afectados se encuentran Willington Henao Gutiérrez, presuntamente conocido en el mundo del crimen como ‘Mocho Olmedo’, y Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’. De forma paralela a esta pérdida de estatus, se confirmó que durante esta misma semana se autorizaron sus respectivas extradiciones a Estados Unidos, donde son requeridos por presuntos delitos transnacionales ligados al narcotráfico.

El desmonte de estas negociaciones coincide con una intensa ofensiva estratégica en varias regiones, mediante la cual las Fuerzas Militares han ejecutado recientes operativos en zonas como el Guaviare contra campamentos de estas mismas disidencias. La cancelación formal de las mesas de diálogo deja sin piso legal a los negociadores de los grupos, permitiendo a la Fuerza Pública retomar de forma íntegra las operaciones ofensivas en territorios donde antes existían ceses al fuego.

Con estas disposiciones, el Gobierno consolida un giro radical frente al modelo de seguridad nacional del país. El cierre definitivo de estos tres procesos envía un mensaje directo sobre la nueva directriz gubernamental, priorizando la persecución penal, los combates operativos y las extradiciones por encima de unos espacios de conversación que, según la perspectiva oficial, carecían de una voluntad genuina de pacificación.