–El Ministerio de Transporte anunció el inició de la preparación del borrador de un nuevo Código Nacional de Tránsito, con el propósito de actualizar una legislación que lleva más de dos décadas vigente y cinco reformas, pero que sigue desconectada de la realidad del país y del bolsillo de los colombianos.

La jefe de la cartera del Transporte, Elsa Noguera, indicó que la iniciativa comenzó a estructurarse por expresa instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, quien al respecto afirmó: «No puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para las familias. Entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede acabar pagando más de un salario mínimo y hasta perder la moto o el carro con el que trabaja y lleva el sustento a su hogar. Eso es un abuso y no lo vamos a permitid’.

Al respecto la ministra Elsa Noguera respondió al jefe del Estado:»Manos a la obra, presidente! Ya comenzamos a preparar el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito para que, además de proteger la vida en las vías, elimine abusos, sobrecostos y trámites innecesarios».

Explicó que la reforma estará orientada a establecer multas justas y proporcionales a la capacidad económica de los conductores, reducir los cobros asociados al RUN T y el SIMIT, ofrecer cursos más económicos, ampliar la vigencia de las licencias y fijar plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica.

También buscará simplificar los trámites y desmontar barreras que han generado ineficiencias y costos excesivos para millones de ciudadanos, subrayó.

Por último, la ministra del Transporte destacó que el Gobierno nacional mantendrá como prioridad la protección de la vida y la seguridad vial, pero garantizará que las sanciones y los trámites no se conviertan en negocios que afecten injustamente a las familias colombianas.

¡Manos a la obra, presidente @ABDELAESPRIELLA! Ya comenzamos a preparar el borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito para que, además de proteger la vida en las vías, elimine abusos, sobrecostos y trámites innecesarios.@elsanoguerabaq @infopresidencia pic.twitter.com/bOSOZD8MAm

— MinTransporte (@MinTransporteCo) August 30, 2026

Previamente, el presidente Abelardo de la Espriella, notificó: «Voy a meterle la mano de frente a los abusos y sobrecostos que hoy golpean el bolsillo de millones de conductores colombianos» y citó entre otras las siguientes medidas:

-Voy a proponer al Congreso reducir hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito. Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana.

-Voy a acabar con el absurdo requisito de la llamada “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención y con las barreras que han favorecido monopolios alrededor de los cursos para obtener descuentos en las multas.

-Buscaré reducir en un 25 % el costo asociado a estos cursos y fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartirlos directamente.

-Voy a revisar y buscar reducir el costo de las licencias de conducción, eliminar costos innecesarios asociados al trámite y aumentar su vigencia a 8 o 10 años.

-Voy a ponerle freno al negocio de las fotomultas. Endureceré los controles para su autorización porque para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo. También estableceré parámetros claros para la calibración de los equipos, para evitar que los colombianos terminen pagando multas producto de mediciones defectuosas.

-Voy a ordenar una revisión integral del RUNT y el SIMIT para identificar duplicidades y buscar eliminar o reducir sustancialmente las tarifas que les cobran a los colombianos.

-Y voy a revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos. Mi propósito es claro: reducir cargas y costos innecesarios para la gente.

-No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano. Donde encuentre monopolios, sobrecostos, trámites absurdos o negocios montados alrededor de la necesidad de la gente, voy a actuar.

-Menos burocracia, menos abusos y más plata en el bolsillo de los colombianos. Esta es la Patria Milagro.

A propósito del tema, la ministra del Transporte, Elsa Noguera, notificó que mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026, se aplazó la entrada en operación de los CALE para revisar su estructura y los costos que asumirían los ciudadanos. La Ley 2251 de 2022 continúa vigente y será cumplida.

Los CALE, fueron creados para verificar, de manera independiente, que quienes quieran obtener o recategorizar una licencia sepan conducir.

«La medida busca proteger el bolsillo de los conductores. Actualmente, obtener una licencia puede costar $1 ,4 millones y con la entrada en operación de los CALE, podría pasar a $2,2 millones, es decir hasta $800.000 adicionales», advirtió la ministra.

Las escuelas de conducción enseñan; mientras que los CALE verificarían, de manera independiente, si el aspirante a la licencia realmente sabe conducir.

La Ley 2251 de 2022 sigue vigente. El Ministerio revisará la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, la legalidad del contrato y si sus costos realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial.

El esquema fue estructurado mediante un contrato interadministrativo con la UNAD, cuya operación podría mover cerca de $20 billones durante los próximos 20 años.

Además, la UNAD quedó como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas manifestaron cumplir los requisitos y solicitaron participar, 10 que dio lugar a tutelas, denuncias y solicitudes de revocatoria.

«Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también
protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo», afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Concluida la revisión, respetando el debido proceso y la seguridad jurídica, el Ministerio informará las decisiones correspondientes, complementó.