Un juez de la República ordenó este fin de semana al presidente Abelardo de la Espriella y a las Fuerzas Militares suspender de manera temporal los bombardeos en el departamento del Guaviare, siempre que exista riesgo para niños y adolescentes. Esta decisión, tomada como medida cautelar por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, busca salvaguardar la vida e integridad de los menores que presuntamente han sido víctimas de reclutamiento forzado por grupos armados al margen de la ley en esta zona del país.

La directriz judicial se da tras admitir una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez. En su fallo provisional, el togado Jhoan Aguilera Martínez aclaró que esta medida no implica una prohibición total de las operaciones militares en el departamento, sino una restricción específica aplicable únicamente cuando los reportes de inteligencia alerten sobre la posible presencia de menores en las zonas donde operan las supuestas estructuras criminales.

El juez argumentó que el sacrificio temporal de ciertas operaciones aéreas es proporcional frente al derecho constitucional superior que tienen los menores a ser protegidos en medio del conflicto armado. Por consiguiente, el despacho otorgó un plazo perentorio de 48 horas al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, a la Fuerza Aérea Colombiana y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que rindan un informe detallado sobre los protocolos de inteligencia y prevención que aplican antes de autorizar cualquier ofensiva desde el aire.

Dentro del mismo auto de doce páginas, el despacho judicial emitió un enérgico llamado a los líderes de las presuntas estructuras armadas ilegales que delinquen en la región, como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. El togado exhortó a los supuestos comandantes de estas facciones disidentes a respetar la protección reforzada de la niñez, detener de inmediato las prácticas de reclutamiento y devolver a sus hogares a los menores que se encuentran actualmente entre sus filas.

Se trata del segundo revés judicial preventivo que enfrenta el gobierno en materia de seguridad por este mismo motivo en menos de una semana. Recientemente, una instancia de Familia en Bogotá había emitido una medida similar pero de alcance nacional. Estas determinaciones abren un complejo debate jurídico y operativo para la Fuerza Pública, que ahora deberá demostrar ante los jueces constitucionales la rigurosidad de sus mecanismos de verificación para evitar daños irreversibles a la población infantil durante el desarrollo de sus acciones operativas.