–El presidente Abelardo de la Espriella, notificó este domingo que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo.

«La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado», advirtió el jefe del Estado en su alocución este domingo en sus redes sociales.

Asimismo, el mandatario anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

En ese sentido, el mandatario aseguró que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden ser considerados formas de protesta.

La Policía, agregó, será la «primera autoridad operativa» para atender estos casos y podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas.

«No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia», afirmó.

De la Espriella aseguró que la medida busca proteger a los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente, pero advirtió que quienes utilicen los campus para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública serán perseguidos por las autoridades.

El mandatario concluyó que las universidades deben ser espacios para «el conocimiento, las ideas y el debate» y no convertirse en refugios para la violencia o el terrorismo.

De otro lado, el presidente Abelardo De La Espriella ratificó que “este Gobierno cree firmemente en la separación de poderes, en la independencia de los jueces y en el Estado de Derecho”, sin embargo, dejó claro que “respetar una decisión judicial no significa renunciar a controvertirla por las vías que establece la propia Constitución y la ley”.

Aclaró que estas circunstancias se generan, especialmente, “cuando considero que una medida puede terminar interfiriendo con competencias que la Constitución le entregó expresamente al Presidente de la República”.

Para sustentar sus palabras, el mandatario se refirió a dos recientes decisiones judiciales, de las que dijo “afectan asuntos fundamentales para la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo”.

La primera de ellas “relacionada con las operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas cuando existe información sobre presencia de menores de edad” y, la segunda que “ordenó provisionalmente suspender actividades de aspersión aérea en Putumayo mientras se decide de fondo una acción de tutela”.

Al reiterar que “las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen”, recordó que “la Constitución es clara, al Presidente le corresponde dirigir la Fuerza Pública, conservar y restablecer el orden público y dirigir las operaciones de guerra. Esas facultades, por supuesto, tienen límites, deben ejercerse respetando la Constitución, los derechos fundamentales y el Derecho Internacional Humanitario”.

Teniendo en cuenta la anterior, expresó que “una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al Gobierno, al Presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado”, razón por la cual anunció: “Vamos a ejercer todos los mecanismos jurídicos que correspondan para defender esas competencias que la Constitución me ha entregado a mí como Presidente de la República”.

Reclutamiento de menores

Hizo especial énfasis en el tema del reclutamiento ilegal de menores de edad por parte de organizaciones criminales.

“Un niño reclutado es una víctima, un secuestrado. El Estado tiene frente a él una obligación reforzada de protección y nuestra Fuerza Pública debe actuar con inteligencia, precisión, precaución y estricto respeto por los principios de distinción y proporcionalidad. Pero esa protección no puede convertirse en una ventaja operacional para los criminales que reclutan niños, los que cometen el delito son esos bandidos”, explicó el Mandatario.

Insistió en que “no podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado. Eso produciría un incentivo perverso, premiaría precisamente al criminal que viola el Derecho Internacional Humanitario reclutando niños. La respuesta no puede ser actuar sin precaución, pero tampoco puede ser paralizar al Estado”.

Para enfrentar este reto que supone el riesgo de menores, el Presidente De La Espriella aseguró que la respuesta es tener “mejor inteligencia, mayor precisión operacional, evaluación rigurosa de cada objetivo y protección reforzada de los menores, sin renunciar nunca a la obligación constitucional de enfrentar a las organizaciones narcoterroristas que amenazan a los colombianos”.

En materia de la lucha contra el narcotráfico y, por ende, destrucción de los cultivos ilícitos, el Mandatario se refirió al tema de la fumigación.

“Lo mismo ocurre con la lucha contra los cultivos ilícitos, frente a la fumigación, a la expresión aérea. Cualquier decisión de este Gobierno deberá contar con el soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial necesario, cumplir los procedimientos correspondientes y hacer lo que en derecho debe hacerse, lo que jurídicamente proceda o corresponda”, aclaró el Jefe de Estado.

En su alocución, el Presidente envió un mensaje a la Rama Judicial: “No voy a convertir esto en una pelea del Presidente contra los jueces. Esta no es una discusión personal, es una discusión institucional”.

El Jefe de Estado comentó que la tutela es una herramienta para “proteger derechos fundamentales y esa garantía será respetada por mi Gobierno. Pero el Estado de Derecho también implica que cada rama del poder público ejerza las competencias que la Constitución le asignó. Un Estado de Derecho no puede convertirse en un Estado sin autoridad”.

“Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles. Tenemos que hacer ambas cosas. Respeto absoluto por la Justicia, pero defensa, igualmente firme, de las competencias constitucionales del Presidente para conservar el orden público, dirigir la Fuerza Pública y proteger a todos los colombianos”, dijo el Presidente De La Espriella, al reiterar: “Esa será la posición de mi Gobierno”.