El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó este miércoles en Colombia un nuevo borrador de decreto que busca establecer reglas claras y regular el derecho a la protesta social en el país. La iniciativa, impulsada directamente por el Ministerio del Interior, tiene como objetivo principal garantizar el orden público y proteger tanto a los manifestantes pacíficos como a los ciudadanos ajenos a las movilizaciones, permitiendo la intervención oportuna de las autoridades frente a presuntos actos de vandalismo o alteraciones graves de convivencia.

El documento plantea una actualización sustancial en los protocolos de actuación de la Fuerza Pública durante las manifestaciones ciudadanas. Entre los puntos más destacados, se establece que los uniformados de la Policía Nacional deberán realizar el acompañamiento a las marchas manteniendo una distancia mínima de cuatro metros. Esta medida preventiva busca generar un equilibrio garantista entre el derecho fundamental a la libre expresión y la seguridad integral de las zonas donde se desarrollan las concentraciones.

Uno de los aspectos más comentados del texto es la reglamentación frente al uso de la fuerza estatal. El decreto otorga a las autoridades la facultad de intervenir de manera directa, sin necesidad de agotar todas las instancias previas de mediación, cuando se identifiquen situaciones de riesgo inminente. Esto aplicaría de forma estricta ante el porte de armas de fuego o cortopunzantes, el uso de explosivos, la retención forzada de personas o agresiones contra civiles, personal médico y periodistas perpetradas por supuestos infiltrados en las marchas.

A pesar de endurecer los lineamientos contra los presuntos actos de violencia, el Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara, reiteró en el documento que el diálogo sigue siendo el mecanismo prioritario en un Estado social de derecho. El proyecto detalla que las mesas de negociación y mediación podrán retomarse incluso después de que la Fuerza Pública haya intervenido para controlar el orden, siempre y cuando cesen por completo las hostilidades. Además, se integrarán a estos espacios de concertación delegados de gremios económicos y Juntas de Acción Comunal para evaluar de primera mano las afectaciones a terceros.

Cabe recordar que esta nueva propuesta busca modificar los lineamientos instaurados previamente en el Decreto 003 de 2021. Según la actual administración, la normativa anterior presentaba vacíos legales sobre la autoridad responsable ante los bloqueos prolongados y no establecía tiempos precisos de actuación policial. Con esta reforma, el Ejecutivo busca resolver la histórica tensión entre el derecho a movilizarse y la garantía de acceso a servicios fundamentales como la salud, el abastecimiento y el libre tránsito de los ciudadanos que no participan en las movilizaciones.

Este proyecto normativo llega en un momento de intenso debate político nacional sobre los límites de la manifestación pública y las capacidades de actuación del Estado. La ciudadanía, las organizaciones de derechos humanos y los distintos sectores políticos tendrán la oportunidad de revisar el borrador y enviar sus comentarios durante los próximos días. Se espera que, tras la etapa de revisión de estas observaciones técnicas, la presidencia firme y ponga en marcha las nuevas directrices.