El ministro de Agricultura de Colombia, Indalecio Dangond, desahució este domingo a los productores de arroz del país tras pedirles públicamente que abandonen sus cultivos debido a una supuesta falta de rentabilidad. Durante un encuentro sectorial, el jefe de la cartera agropecuaria encendió la polémica al advertir que la siembra de este cereal tradicional dejó de ser un negocio viable para el agro, argumentando que representa un riesgo financiero excesivo para los trabajadores de la tierra y demanda un gasto insostenible de recursos hídricos.

Las contundentes afirmaciones del funcionario cayeron como un balde de agua fría para las miles de familias que históricamente han dependido de esta cadena productiva. De manera categórica, el ministro sugirió a los agricultores que dejen atrás su vocación y busquen nuevos horizontes económicos. «El arroz ya no es negocio. No siembren arroz, es muy riesgoso, necesita mucha agua», sentenció el representante del Gobierno, quien planteó como alternativa la transición hacia la siembra de marañón, asegurando que este fruto seco puede llegar a dejar márgenes de rentabilidad por encima del 24 %.

Para el sector agrario, este pronunciamiento se traduce en un desahucio institucional y económico hacia un gremio que ha garantizado la soberanía alimentaria de la nación durante décadas. Al referirse a los trabajadores de la tierra no como campesinos tradicionales, sino como «pequeños empresarios del campo», el Ministerio parece oficializar un giro hacia una política netamente comercial. Esto deja a los productores de arroz con la percepción de haber perdido el amparo del Estado frente a los retos climáticos y los elevados costos de los fertilizantes, obligándolos a enfrentarse solos a un mercado adverso.

El impacto de esta directriz gubernamental trasciende las finanzas de los cultivadores, amenazando la estabilidad de un producto que es pilar en la canasta familiar colombiana. Voces expertas advierten que migrar de la noche a la mañana hacia cultivos exóticos y de exportación no es un proceso automático. Una reconversión agrícola de esta magnitud exige grandes inversiones en la adecuación técnica de las tierras, nuevas infraestructuras, acompañamiento profesional y un robusto respaldo financiero que el presunto «pequeño empresario del campo» actualmente no posee.

A pesar del desalentador panorama para la cadena del arroz, el Ministerio ha puesto sobre la mesa una serie de iniciativas de alivio financiero que buscarían mitigar el impacto económico de esta crisis. El plan de contingencia incluye la ampliación de los plazos en los créditos bancarios vigentes y el establecimiento de periodos de gracia para el pago a capital. Asimismo, se pretende normalizar los reportes ante las centrales de riesgo, con el fin de evitar que la calificación crediticia de los productores sufra un deterioro automático al momento de buscar la reestructuración de sus deudas.

Aunque las presuntas intenciones de la cartera agropecuaria apunten a salvaguardar los bolsillos de los agricultores y evitar quiebras masivas a futuro, la forma en que se dictó la medida ha abierto una profunda herida. Determinar si esta drástica recomendación es el camino hacia la modernización o la sentencia final para miles de familias rurales es un veredicto que solo los indicadores económicos podrán confirmar con el tiempo. Por ahora, el campo colombiano se mantiene en vilo, a la espera de un diálogo que no implique el desahucio de sus tradiciones.