El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, designó este viernes a la exministra Viviane Morales como la nueva consejera comisionada de paz del país. El nombramiento se produce con el objetivo fundamental de liderar una revisión exhaustiva de los acuerdos pasados y ejecutar lo que el actual gobierno denomina el «desmonte de la falsa paz», buscando corregir las fallas heredadas de administraciones anteriores.

Morales, quien había ocupado la cartera del Ministerio de Educación durante el inicio del actual mandato, regresa al gabinete tras haber renunciado a principios de septiembre por situaciones familiares. Ahora, asume un rol crucial en el cual no solo dirigirá las políticas de pacificación, sino que también estará a cargo, en calidad de encargada, de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, una entidad clave que el mandatario ha prometido reestructurar a fondo.

La principal misión de la funcionaria será auditar los procesos de la política conocida como «Paz total». Desde la presidencia se le ha encomendado la tarea de evaluar el cumplimiento real de los compromisos, verificar el destino de miles de millones de pesos invertidos en negociaciones previas e identificar las fallas institucionales que han obstaculizado la justicia, la seguridad y la reparación genuina a las víctimas de la violencia.

Esta designación confirma el radical giro en las políticas de seguridad y orden público instauradas por De La Espriella. El gobierno actual recibió mesas de diálogo que consideró estancadas o ineficientes, por lo cual ha optado por cerrar la puerta a las negociaciones simultáneas con diversos grupos armados, priorizando el fortalecimiento del control territorial, la mano dura institucional y el rigor en el manejo de los recursos del Estado.

En el marco de sus nuevas funciones, Morales tendrá que analizar los espacios de acercamiento que existían con las presuntas estructuras criminales y las supuestas organizaciones al margen de la ley que operan en diversas regiones del territorio nacional. El objetivo del Ejecutivo es garantizar que las futuras acciones del Estado no permitan la impunidad de los presuntos cabecillas e integrantes de dichas agrupaciones, marcando una distancia definitiva con las estrategias del gobierno pasado.

El nombramiento ha generado amplias expectativas en el ámbito político nacional. Mientras los sectores afines a la presidencia celebran la llegada de una figura experimentada para aplicar estas nuevas directrices, otras esferas políticas y sociales estarán atentas a cómo se llevará a cabo el prometido desmonte de estructuras burocráticas sin afectar los compromisos internacionales adquiridos por el Estado frente al histórico acuerdo firmado en 2016.