Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cuatro uniformados de la Policía Nacional, quienes presuntamente estarían involucrados en la brutal golpiza que acabó con la vida del joven afrodescendiente Donovan Balanta Paz. La decisión judicial se dio a conocer este lunes, tras evaluar la gravedad de los hechos ocurridos semanas atrás al interior de la estación de Policía de Cazucá, ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Esta privación de la libertad se fundamenta en el material probatorio recopilado, el cual indica que el fallecimiento se habría originado a causa de múltiples traumatismos y descargas eléctricas, configurando un aparente y grave caso de abuso de autoridad.

El trágico desenlace comenzó a gestarse luego de que la víctima, un líder comunitario de 34 años de edad, fuera requerida durante un cuestionado procedimiento policial en el sector de Caracolí, en la frontera entre Bogotá y Soacha. De acuerdo con el reporte oficial inicial emitido por la institución, los patrulleros acudieron a la zona para atender una supuesta riña en la que el hombre habría lanzado objetos contundentes contra los agentes. Sin embargo, familiares y testigos del sector contradicen rotundamente esta narrativa, asegurando que Balanta apenas iba llegando al lugar cuando fue interceptado, sometido y esposado sin una justificación clara.

Una vez fue trasladado y recluido en la estación de Cazucá, el detenido habría sido víctima de tratos crueles e inhumanos. Los dictámenes periciales entregados por el Instituto Nacional de Medicina Legal fueron contundentes al revelar que su deceso no respondió a causas naturales ni a heridas previas, sino que fue provocado directamente por un presunto uso desproporcionado de la fuerza oficial. El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima presentaba evidencias claras de una golpiza severa, agravada por la aplicación reiterada de pistolas de electrochoque (tipo Taser), cuyas descargas terminaron siendo letales para su organismo.

Durante el desarrollo de las audiencias preliminares, un delegado de la Fiscalía General de la Nación les imputó a los cuatro policías capturados los delitos de homicidio agravado y tortura agravada; cargos que ninguno de los procesados aceptó. Más allá de la crudeza penal de los hechos, la representación jurídica de la familia Balanta ha denunciado de forma pública que este crimen presuntamente estuvo motivado por un componente de odio racial. El abogado de las víctimas señaló que, incluso después del fallecimiento de Donovan, sus allegados habrían tenido que soportar comentarios racistas y denigrantes por parte de algunos uniformados, lo que ha generado un fuerte repudio social.

Marleny Paz, madre del joven fallecido, ha clamado en diferentes medios de comunicación para que el peso de la ley recaiga sobre los presuntos responsables, a quienes califica de haber actuado de forma criminal. La mujer y su defensa también solicitaron que se investigue la supuesta negligencia de los agentes, pues denuncian una prolongada e injustificada tardanza al momento de trasladar al hombre herido hacia un centro médico. Mientras el proceso judicial avanza, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos exigen que el caso siente un precedente histórico contra el racismo sistemático y la brutalidad policial en el país.