Un grupo de 19 congresistas de Estados Unidos, liderados por el representante demócrata Mark Pocan, solicitó al secretario de Estado, Marco Rubio, cancelar cualquier tipo de respaldo financiero, técnico o logístico destinado a la reanudación de la fumigación aérea de cultivos de coca en Colombia. La petición formal fue enviada este jueves con el propósito de advertir que retomar esta práctica resulta ineficaz contra el narcotráfico y representa un riesgo inaceptable tanto para la salud humana como para el medio ambiente.

En el documento oficial dirigido al alto funcionario estadounidense, los legisladores sostienen de forma categórica que décadas de evidencia empírica han demostrado el fracaso de la aspersión aérea con herbicidas. Según los representantes, este método de corte prohibicionista no logra una reducción sostenible de las hectáreas cultivadas, sino que genera un ciclo recurrente de resiembra y provoca el desplazamiento de los cultivos hacia áreas de especial protección ambiental.

Además de la falta de efectividad comprobada, la misiva alerta sobre los graves peligros que estas sustancias químicas representan para la salud pública. Los congresistas norteamericanos enfatizan que la exposición prolongada desde el aire provoca afecciones respiratorias, problemas dermatológicos y un incremento en el riesgo de patologías crónicas, afectando directamente a las comunidades campesinas e indígenas. A esto se suma un daño severo en la biodiversidad y los ecosistemas locales de las regiones impactadas.

Frente a este complejo panorama, los firmantes instan al Departamento de Estado a descartar definitivamente el retorno a los modelos de aspersión y volcar el enfoque antidrogas hacia soluciones estructurales. Proponen que la cooperación bilateral entre Washington y Bogotá priorice el desarrollo rural integral, el fomento a la sustitución voluntaria de cultivos y el fortalecimiento de las economías locales, garantizando así la presencia estatal en las zonas más vulnerables.

Esta creciente presión por parte del bloque legislativo estadounidense, en su mayoría del Partido Demócrata, se alinea con recientes decisiones judiciales en el país suramericano. Cabe recordar que el pasado mes de septiembre, un tribunal administrativo de Mocoa ordenó suspender temporalmente un proyecto piloto de aspersión, al concluir que no se habían cumplido las condiciones previas exigidas por la Corte Constitucional ni se había entregado información suficiente a las poblaciones afectadas.