–El proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado en el Congreso, según el Gobierno, tiene el propósito de estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento económico en un marco de equidad,
eficiencia y progresividad, y se dictan otras disposiciones.

La principal bondad del proyecto de Ley es que ordena las finanzas públicas, en un contexto en el que la reducción del Estado aporta dos terceras partes del ajuste fiscal, al tiempo que dos de cada tres colombianos ven una mejora en su ingreso de alrededor de 5%. Argumenta el Ejecutivo que el proyecto de Ley permitirá subir la inversión y el empleo, generando fuentes de ingreso duradero de los colombianos.

Uno de los puntos clave de la iniciativa tiene que ver con el IVA. Hoy el IVA, advierte el Gobierno, no distingue la capacidad de pago: cobra lo mismo a personas que consumen un mismo producto, a pesar de que sus ingresos sean muy distintos. Haciendo uso de los avances tecnológicos, que no estaban disponibles hace pocos años, la propuesta del Gobierno establece mecanismos para reducir el IVA que hoy pagan los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.

En particular, 18,9 millones de colombianos, cuyos hogares hoy pagan en promedio 138 mil pesos de IVA por mes, dejarán de asumir esa carga tributaria. A otros 16,3 millones de personas se les dará una devolución del IVA de hasta 50%, dependiendo de su nivel de ingresos. La reforma permite transformar el IVA en un tributo personalizado, donde su pago depende de las condiciones sociales y económicas de cada persona.

El vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dijeron que el proyecto es la piedra angular para recuperar la economía colombiana, ajustar las finanzas públicas y promover la inversión para garantizar más empleo y mayor crecimiento en los años que vienen.

En un comunicado, advirtieron que Colombia está ante una bomba de tiempo, porque este Gobierno recibió unas finanzas públicas en una situación sin precedentes. El Estado recibe en promedio 29 billones de pesos al mes y gasta más de 40 billones, y el servicio de la deuda pasó de 118 a 155 billones de pesos al año. Sin decisiones, la deuda del Gobierno central llegaría a ser impagable en el cortísimo plazo.

Restrepo aseguró que, “arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo, y por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión. El Estado se aprieta el cinturón, aportan más los que más tienen y el que menos tiene, recibirá más».

?? ¡OPERACIÓN RESCATE: VAMOS A SACAR A COLOMBIA DEL HUECO!

Nos dejaron una deuda gigantesca y una cuenta que hoy pagan los colombianos. ¡Se acabó la fiesta y la guachafita con la plata de la Nación!

Con la Operación Rescate proponemos reducir $65 billones en gastos durante cuatro años, eliminar burocracia innecesaria, aliviar los impuestos a las empresas y compensar el IVA a los más vulnerables.

El Estado se aprieta el cinturón primero. El que más tiene, aporta más. Y a quien menos tiene, se le devuelve.

La plata pública es de los colombianos, no de los políticos. Nuestra responsabilidad es poner las cuentas en orden, proteger el empleo y recuperar la economía.

¡SÍ O SÍ, SACAMOS A COLOMBIA DEL HUECO!

— Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) October 30, 2026

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto de Ley de Rescate Económico contempla seis pilares.

El primero y más importante es la reducción en gastos del Estado, especialmente del gasto operativo del Gobierno. En Colombia, buena parte del gasto público está atomizado en 50 fondos especiales y más de 250 transferencias, que generan un ambiente propicio para el despilfarro y la corrupción. La propuesta reduce esos gastos, disminuye los contratos de prestación de servicios y los gastos de personal, reduce subsidios mal dirigidos y fortalece las fuentes del sistema de salud, reduciendo su dependencia de los aportes desde el presupuesto nacional. Además, se contemplan disposiciones orientadas a la enajenación de activos del Estado, tales como empresas, lotes y hundimientos, entre otros.

Segundo, se crea EfectIVA, un mecanismo que garantiza que la carga final del IVA recaiga solamente sobre las personas con capacidad de pago, al tiempo que se adoptan medidas para fortalecer el recaudo y reducir beneficios tributarios que favorecen especialmente a los hogares de más altos ingresos (relacionadas principalmente con IVA y personas naturales). Tercero, medidas para potenciar el crecimiento económico, la inversión y el empleo. En este pilar resaltan la reducción de la tarifa general del impuesto de renta corporativa, que beneficia con fuerza a las micro y pequeñas empresas que declaran en el régimen ordinario; las medidas que nivelan la cancha para proteger a la industria nacional, y las disposiciones que permiten a las entidades territoriales financiar más inversión con sus propios recursos.

Cuarto, acciones de política para atraer nuevos capitales, que contemplan condiciones preferenciales con estabilidad jurídica y promoción de la inversión extranjera directa.

Quinto, medidas para fortalecer la institucionalidad de la política fiscal del país.

Sexto, se incluyen acciones de política para fortalecer la capacidad de administración tributaria de la DIAN, en aras de combatir el contrabando y la evasión, que son expresiones de corrupción.

La Ley contempla que cerca del 70 % del ajuste fiscal lo pone el Estado. El proyecto reduce en 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios.

Se recortará en el 20% el funcionamiento del Estado, se racionalizan las compras del Estado, y se revisan las más de 250 transferencias y los 50 fondos públicos que atomizan el gasto operativo, lo hacen ineficiente y abren las puertas para la corrupción y el derroche. Además, se adoptan medidas para vender activos públicos improductivos. La salud, la
educación básica, el agua potable y las pensiones quedan protegidas.

Con la Ley de Rescate, dos de cada tres colombianos mejorarán su ingreso. Hoy los más pobres están pagando IVA en los productos que compran, un impuesto que resulta injusto para las personas que menos ingresos tienen. En promedio un hogar de bajos recursos paga $138.000 pesos mensuales de IVA por sus compras. La Ley dispone de un mecanismo para que a 19 millones de personas se les devuelva la totalidad del IVA que paga y, en promedio, pasarían a recibir 231.000 pesos mensuales. A otros cerca de 16,5 millones de personas se les da una devolución de hasta el 50% del IVA. Además, el mecanismo garantizará un monto mínimo para los más vulnerables, aún si esta persona no presenta factura.

El dinero llegará directamente a la cuenta del beneficiario en máximo quince días. Quien no tenga cuenta lo recibirá por envío postal. La DIAN calculará la devolución con base en la factura electrónica: pedir la factura con número cédula será la llave para recibirla.

Aunque está establecido que la devolución del IVA comience en 2028, el Gobierno hará un giro anticipado a los beneficiarios y el primer pago de devolución del IVA llegaría a más tardar el 20 de diciembre de 2027.

Quienes hoy reciben la compensación del IVA la seguirán recibiendo, sin interrupción, hasta su paso al nuevo sistema.

El ministro de Hacienda @miguel_gomez_m dijo cuáles son los 5 puntos clave de la #LeyRescate, el primero es el rescate fiscal, habrá rescate para los más pobres y para la salud. También para la inversión y rescatará a Colombia de la corrupción y el derroche. https://t.co/HNkoqIlSvf

— MinHacienda (@MinHacienda) October 29, 2026

Hoy, millones de colombianos pobres pagan IVA en lo que compran todos los días, al igual que quienes más tienen. Esa es una injusticia, y la Ley de Rescate propone corregirla. «Durante años, los colombianos más pobres han pagado el mismo IVA que los que más tienen. Con la devolución del IVA ese dinero vuelve a su bolsillo, a su nombre y directo a su cuenta», afirmó el ministro Gómez Martínez.

De acuerdo con su nivel de ingreso, el 10% de la población que más recibe aportará el 97% de los recursos para superar la grave crisis económica que enfrenta el país.

Adicionalmente, se contemplan medidas para fortalecer las fuentes de recursos necesarias para el sistema de salud y garantizar la prestación oportuna y de calidad de los servicios a todos los colombianos en cualquier parte del territorio nacional.

Al mismo tiempo que el estado recorta drásticamente, las personas más necesitadas se protegen y las que mejor ingreso tienen aportan, se establecen medidas para incentivar la inversión y la generación de empleo.

La tarifa del impuesto de renta de las empresas bajará de 35 % a 33% en 2027 y a 31% desde 2028. Y se protegerá la producción nacional al gravar con IVA las compras hechas en plataformas internacionales de comercio electrónico, sin importar el monto de la compra.

La Ley también incluye el RUGE, otro mecanismo de incentivo para el sector empresarial que haga grandes inversiones y genere más empleos en Colombia. Consiste en una rebaja de la tarifa de renta del 20 % a las empresas que lo hagan en 2027 y 2028, y una rebaja del 26 % a las que lo realicen en 2029.

«Recibimos una economía al borde del abismo. La vamos a sacar adelante con un Estado que se aprieta primero y que protege a los que menos tienen», señaló el presidente de la República.

El proyecto de la Ley de Rescate Económico (o Ley de Rescate Fiscal) no crea impuestos totalmente nuevos, sino que reestructura, eleva y modifica varios tributos existentes y crea algunas figuras específicas, así:

• Impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas (BUI): Se establecen tarifas específicas a partir de 2028 (por ejemplo, de 45 pesos para contenidos inferiores a 9 gramos de azúcar por 100 ml y de 76 pesos para concentraciones mayores).
• Nuevos gravámenes al consumo y vapeadores: Se incorporan por primera vez los vapeadores y cigarrillos electrónicos con tarifas específicas por mililitro y un componente ad valorem del 30%, además de elevar los tributos a cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas.
• IVA a plataformas digitales y comercio electrónico: Se grava con IVA (al 19%) las compras realizadas a través de plataformas internacionales de comercio electrónico (como Shein, Temu y Amazon) sin importar el monto, así como las apuestas en línea y juegos de suerte y azar.
• Modificación y eliminación de tarifas diferenciales del IVA: Se derogan los artículos del Estatuto Tributario que fijaban la tarifa reducida del 5%, haciendo que diversos bienes y servicios (como ciertos alimentos, café o insumos) pasen a la tarifa general del 19% hacia el año 2028.
• Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE): Se crea este mecanismo con tarifas preferenciales de renta del 20% o 26% para incentivar la inversión y la generación de empleo.
• Bono de Transición Energética: Se propone su creación para empresas que realicen inversiones en fuentes no convencionales de energía.

Por otro lado, la ley también modifica umbrales en la renta de personas naturales, ajusta el impuesto al patrimonio (suavizándolo o modificando bases) y plantea recortes y cambios en cotizaciones de salud y empresa.

El impacto de la Ley de Rescate Económico se centra en dos frentes clave para los ciudadanos: la ampliación de la base de declarantes de renta en la clase media y el desmonte de tarifas preferenciales de IVA que encarecerá varios productos básicos.

Estos son los cambios según el articulado radicado ante el Congreso:

1. Impuesto de Renta para Personas Naturales

El proyecto de ley busca aumentar el recaudo tocando a la clase media y a los ingresos más altos a través de las siguientes medidas:

• Baja del umbral para empezar a pagar: Se crea un nuevo tramo con una tarifa del 9% para ingresos desde las 720 UVT anuales. Esto significa que las personas con ingresos mensuales superiores a los $3.300.000 COP aproximadamente comenzarán a pagar impuesto sobre la renta por los montos que excedan ese límite.
• Aumento para los más ricos: La tarifa máxima marginal para los ingresos más elevados del país aumenta, pasando del 35% al 39%.
• Eliminación de beneficios: Se elimina la deducción por dependientes (hijos o familiares a cargo) y se reduce el tope máximo de la exención para las rentas laborales a 630 UVT.

2. Modificaciones al IVA y Alimentos

La reforma mantiene la tarifa general del IVA en el 19%, pero plantea un fuerte ajuste al eliminar de forma explícita la tarifa reducida del 5% a partir del 1 de enero de 2028:

• Alimentos que suben al 19%: Productos de consumo habitual como el café, azúcar, chocolate, pastas y aceites comestibles perderán el beneficio del 5% y pasarán a pagar la tarifa plena del 19%.
• Bienes que pierden la exclusión: Frutas y verduras frescas, café en grano, maíz y sal dejarían de estar excluidos para empezar a ser gravados. Alimentos muy esenciales como la papa, la yuca, el pan, la arepa y la panela conservarán su exclusión de IVA.
• Otros servicios afectados: Los contratos de medicina prepagada, los vehículos híbridos y eléctricos, y los servicios de internet en estratos 1, 2 y 3 también subirían a la tarifa del 19%.

El mecanismo de compensación: «EfectIVA»

Como contrapeso al golpe del IVA en el consumo diario, el Gobierno propuso el programa EfectIVA. Este sistema busca devolver el 100% del IVA pagado a las personas en condición de pobreza extrema y pobreza, y entre un 30% y 50% a la población vulnerable. El rastreo del dinero se hará de forma individual mediante la exigencia de la factura electrónica con el número de cédula del comprador.

El proyecto de la Ley de Rescate Económico radicado ante el Congreso introduce una reestructuración profunda en las cotizaciones de salud (afectando tanto a trabajadores como a empresas) e incorpora exenciones y tratamientos especiales en el impuesto al patrimonio orientados a blindar la inversión corporativa.

Los detalles de cómo se implementarán estas medidas según el texto del proyecto son:

1. Cotizaciones de Salud (Aportes al Régimen Contributivo)

El proyecto de ley modifica el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 y acaba con la tarifa fija de retención para salud de los empleados a partir del 1 de enero de 2027. El aporte dejará de ser del 4% general para volverse progresivo según los ingresos calculados en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV):

• Hasta 2 salarios mínimos: Mantienen la tarifa actual del 4%.
• De más de 2 hasta 4 salarios mínimos: Sube al 5,5%.
• De más de 4 hasta 5 salarios mínimos: Sube al 6%.
• De más de 5 hasta 10 salarios mínimos: Sube al 6,5%.
• De más de 10 hasta 15 salarios mínimos: Sube al 7%.
• De más de 15 hasta 20 salarios mínimos: Sube al 7,5%.
• De más de 20 hasta 25 salarios mínimos: Sube al 8%.

Impacto para independientes y empresas:

• Los contratistas y cotizantes independientes verán incrementado su aporte general del 12% al 12,5%.
• Para las empresas (empleadores), se reduce el beneficio de exoneración de aportes de nómina (salud, SENA e ICBF).

Actualmente esta exoneración aplica para trabajadores que ganen hasta 10 salarios mínimos; con la reforma, solo aplicará para quienes ganen hasta 2 salarios mínimos. Por empleados con ingresos mayores, las empresas deberán pagar un aporte de salud del 4% o el 8,5% según el rango salarial.

2. Impuesto al Patrimonio

En lo que respecta al Impuesto al Patrimonio, el proyecto busca un equilibrio entre el recaudo a grandes fortunas personales y la protección de la reactivación empresarial a través de los siguientes lineamientos:
• Exención para el estímulo empresarial: Aquellas empresas y grandes inversionistas que se acojan al recién creado Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE) quedarán explícitamente exentos del Impuesto al Patrimonio. Esto busca evitar que los flujos de inversión privada y los activos productivos se vean gravados, incentivando la inyección de capital en el aparato económico nacional.

• Ajuste a las reglas de personas naturales: Para las personas naturales fuera de esquemas de inversión preferencial, se mantienen estructuras de tarifas marginales y progresivas sobre la riqueza neta, pero se endurece el control y la fiscalización sobre el costo fiscal declarado de activos digitales y criptoactivos, los cuales ahora se regularán formalmente para ser contabilizados dentro del patrimonio bruto.