–Colombia conmemora este fin de semana, el aniversario número 41 años del Holocausto del Palacio de Justicia, el trágico episodio que comenzó el 6 de noviembre de 1985 y transformó para siempre la historia política y judicial del país. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se unen en una jornada bajo la consigna «6 y 7 de noviembre: Memoria, Dignidad y Justicia» para honrar a los fallecidos y desaparecidos dentro y fuera del Palacio, ubicado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Se trata de mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso con la democracia, la independencia judicial y una justicia cercana, presente en la vida de las personas, advirtió la Corte Suprema.

«Este homenaje reafirma nuestro compromiso con una justicia independiente, que preserve sus principios y sea una Justicia Presente: cercana, accesible y vinculada con la vida de las personas y con la democracia», subrayó.

El 6 de noviembre de 1985, un comando del llamado movimiento 19 de abril, M-19, incursionó en el Palacio de Justicia con el plan de someter a un juicio político al presidente Belisario Betancur Cuartas por «traición a la voluntad nacional de forjar la paz por el camino de la participación ciudadana y la negociación, al que se comprometiera mediante el acuerdo de cese del fuego y Diálogo Nacional, el 24 de agosto de 1984».

Tras la ocupación guerrillera, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desplegaron una fuerte contraofensiva armada para recuperar el control del edificio. El operativo se extendió hasta el día siguiente, 7 de noviembre. Los enfrentamientos y el posterior incendio del Palacio dejaron más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de un número aún no determinado con exactitud de Civiles desaparecidos de forma forzada.

El hecho es que, tal como lo detalla la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, 41 años después, el horror del Palacio de Justicia sigue sin esclarecerse por completo. Noviembre volvió a poner en el centro de la memoria nacional dos de las tragedias más dolorosas de nuestra historia: la toma y retoma del Palacio de Justicia, que dejó decenas de personas muertas y desaparecidas, y la tragedia de Armero, donde miles de personas perdieron la vida bajo la avalancha de lodo causada por la erupción del Volcán Nevado del Ruiz.

Los integrantes del M-19 pretendían utilizar la retención de los magistrados para exigir un juicio político al presidente de la República. Creían que tener bajo su poder a integrantes de la Corte Suprema de Justicia les permitiría forzar una negociación. Sin embargo, la operación terminó en una confrontación armada de enormes proporciones. La ausencia de una salida negociada y la decisión de privilegiar la respuesta militar convirtieron el edificio en un escenario de guerra, reseña Pares.

Advierte que nunca se ha esclarecido por completo qué ocurrió en las horas previas ni cuáles fueron todas las decisiones políticas que rodearon la operación. Belisario Betancur se llevó a la tumba muchas de esas respuestas. Lo cierto es que las decisiones militares de la retoma quedaron en manos de altos mandos como los generales Jesús Armando Arias Cabrales y Jesús Alberto Plazas Vega, puntualiza.

El resultado fue devastador: cerca de un centenar de personas murieron y once fueron desaparecidas. Entre las víctimas mortales se encontraban once magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También se produjeron graves violaciones de derechos humanos. Algunos sobrevivientes fueron sacados con vida del Palacio y posteriormente desaparecidos. Es el caso del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, quien, según lo establecido en las investigaciones judiciales, salió vivo del edificio en poder de integrantes de la Fuerza Pública y posteriormente fue ejecutado extrajudicialmente. Su caso es una de las evidencias más dolorosas de lo que ocurrió durante la retoma, precisa.

Pero, continúa, el horror no había terminado. Una semana después, el país enfrentaría otra tragedia de dimensiones inconmensurables. Armero fue una catástrofe natural cuyas consecuencias pudieron haberse reducido considerablemente. La erupción del volcán Nevado del Ruiz, el 13 de noviembre de 1985, provocó el deshielo de sus glaciares y una serie de avalanchas que descendieron por los cauces de los ríos y sepultaron buena parte del municipio tolimense.

Pero esta conmemoración también estuvo marcada por las disputas sobre la memoria histórica. Mientras algunos sectores han intentado reescribir lo ocurrido durante la retoma del Palacio de Justicia y eximir de responsabilidad a integrantes del Ejército, también se presentaron cuestionamientos y acciones de censura contra la película Noviembre, que retrata la tragedia vivida por quienes permanecieron encerrados en uno de los baños del Palacio. Sin embargo, cuatro décadas después, la justicia continúa su trabajo y la búsqueda de verdad sigue abierta.

En este contexto, subraya Pares, la Fiscalía acusó a nueve exmilitares por el delito de tortura. Se trata de Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Alfonso Garzón.

Según la investigación de la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido durante la «retoma» del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985. Las pruebas del proceso señalarían que varias personas fueron calificadas como «sospechosas», trasladadas a la Casa del Florero y sometidas allí a torturas físicas, psicológicas y morales.

Entre las víctimas se encuentran Yolanda Ernestina Santodomingo Alberricci, Eduardo Arturo Matson Ospino, José Vicente Rubiano Galvis, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saúl Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucía Limas Montaña y Héctor Darío Correa Tamayo. Los hechos de tortura estarían relacionados con las actuaciones militares desarrolladas en el marco del Plan Tricolor 83, aspecto que deberá contrastarse con lo establecido en el expediente judicial.

Cabe recordar que por los crímenes cometidos durante la retoma del Palacio de Justicia ya fueron condenados altos mandos militares, entre ellos el general Jesús Armando Arias Cabrales. No obstante, las nuevas actuaciones judiciales son fundamentales para esclarecer otras responsabilidades individuales y establecer hasta dónde llegaron las decisiones y órdenes dentro de la cadena de mando.

Rafael Barrios, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y representante de las víctimas, considera alentadora esta actuación de la justicia contra los militares. Sin embargo, espera que las investigaciones vayan mucho más allá y lleguen al fondo de la cadena de mando, para establecer quiénes dieron las órdenes y quiénes tuvieron responsabilidad en los hechos.

La Fundación Pares advierte que en medio del negacionismo que todavía persiste en el país, continúan vigentes distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Una de ellas sostiene que algunos integrantes de las Fuerzas Militares habrían propiciado la toma del M-19 para justificar represalias contra esa organización. Otra hipótesis, que también circuló desde entonces, apunta a un supuesto plan del Ejército para acabar con la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados, quienes investigaban los abusos y actuaciones ilegales de integrantes de esa institución. Estas interpretaciones forman parte de una discusión histórica que exige investigación, documentación y esclarecimiento judicial.

Y concluye: Cuarenta años después, el holocausto del Palacio de Justicia sigue siendo un capítulo central para comprender la historia contemporánea de Colombia. La memoria permanece en disputa, las preguntas siguen abiertas y la justicia todavía tiene una tarea pendiente: esclarecer la verdad, establecer todas las responsabilidades y garantizar que estos hechos no queden en el olvido.

La conmemoración del trágico acontecimiento se inició este viernes en la plazoleta principal del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, con un acto encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez; la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses; la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno; el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata y el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial Carlos Arturo Ramírez Vásquez. Además, familiares de las víctimas del holocausto. Durante el acto se hizo una ofrenda floral como expresión de respeto y reconocimiento a quienes ya no están. Asimismo, se abrió una intervención artística en la plazoleta del Palacio de Justicia, la cual permanecerá en el lugar hasta el 15 de diciembre.

La jornada concluyó con la tradicional celebración eucarística en la Catedral Primada de Colombia, presidida por el cardenal primado, monseñor Luis José Rueda Aparicio.