La Policía Metropolitana tendrá que responder por el crimen del grafitero Diego Becerra, ante la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que determina que el caso regrese a la justicia ordinaria, al considerar que no puede ser un acto del servicio disparar contra un civil desarmado.

El caso había pasado a la Justicia Penal Militar en octubre, cuando la fiscal Viviane Morales aseguró que en el caso «podría haber un conflicto de competencias porque se puede invocar que esto es un acto dentro del servicio».

En la investigación ordenada por la Procuraduría están comprometidos el Subcomandante de la Policía Metropolitana Coronel José Javier Vivas Báez, el teniente coronel Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, comandante de la Estación de Suba, y el subteniente Madrid Orozco Rosemberg, coordinador del CAI Andes; lo mismo que al subintendente Juan Carlos Barrero Leal y a los patrulleros Nelson Castillo Rodríguez y Freddy Navarrete Rodríguez.

La orden la dio José Pablo Santamaría Patiño, procurador delegado para la Policía, en el pliego de cargos contra el patrullero Wilmer Antonio Alarcón Vargas. El uniformado fue quien disparó contra el menor, causándole la muerte durante una persecución policial.

«El material probatorio allegado al proceso indica que la escena de los hechos, al parecer, fue alterada por el patrullero Alarcón Vargas y por quienes hicieron presencia en dicho lugar», precisa el Ministerio Público.

Alarcón Vargas, según la investigación disciplinaria, dijo que el coronel Arévalo y el subteniente Orozco, junto con el subintendente Barrero y los patrullero Castillo y Navarrete, hicieron presencia en la calle 116A con carrera 71D, en el sector de Pontevedra, el lugar donde el 19 de agosto pasado cayó herido el joven grafitero.

El subcomandante de la Metropolitana -señala la Procuraduría en la decisión- es mencionado en varios informes como uno de los oficiales que estuvo al tanto de la situación, «lo que aunado al acervo probatorio allegado al expediente, evidencia que además del policial aquí investigado, les puede asistir responsabilidad disciplinaria a los servidores públicos mencionados».

Y agrega que los uniformados «con su posible actuar activo u omisivo pudieron haber incurrido en falta disciplinaria en relación con la alteración de la escena de los hechos y la determinación en que ocurrieron los mismos».

La Procuraduría considera que la escena de los hechos, posiblemente, fue alterada después de establecer que el joven jamás disparó un arma.

Según el reporte que se recibió del laboratorio de balística de Medicina Legal, la pistola encontrada en el lugar donde fue herido estaba defectuosa y no podía ser accionada. Por lo menos así lo han establecido las evidencias encontradas hasta el momento.

De acuerdo con el patrullero que disparó contra el joven, la persecución se inició luego de un reporte que recibieron a la línea 123 sobre un atracó en una buseta. Sin embargo, las víctimas del robo no reconocieron al menor como uno de los atracadores.

Tampoco coincide la descripción que hicieron los testigos del arma que supuestamente portaba uno de los atracadores con la pistola que, según los policías, portaba el joven grafitero.
Además, varias grabaciones de la comunicación entre el patrullero Alarcón y su base en el CAI Andes demostrarían que el uniformado no estaba seguro de que el joven al que le disparó estuviera armado.
«Las grabaciones del CAD de la Policía permiten deducir con claridad que en el momento de la persecución el patrullero Alarcón no estaba seguro de que Diego Felipe Becerra hubiese sacado de su bolso o pretina del pantalón un arma de fuego y que inmediatamente ocurrieron los hechos quedara tirada sobre el andén», concluye la Procuraduría.