Según la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, en Colombia los usuarios de servicios de comunicaciones móviles presentan alrededor de cien millones de quejas al mes.

“La provisión de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones constituyen servicios públicos a cargo del Estado, por tal razón, su intervención, con el fin de planificarlos, regularlos, vigilarlos, controlarlos y garantizar su prestación eficiente a la totalidad de los habitantes del territorio, es deber del mismo”, aseguró la SIC.

El senado Eugenio Prieto manifestó que “la existencia de más de cien millones de quejas al mes, evidencia que tal eficiencia no se registra y por tanto, se hace obligatorio revisar las posibles consecuencias jurídicas en protección de los usuarios”.

El congresista indicó que siendo las telecomunicaciones un servicio público a cargo del Estado y habiéndose entregado la concesión para la prestación del servicio a terceros, especialmente a particulares, “es hora de que en este asunto que afecta a millones de ciudadanos tomen cartas organismos como la Contraloría General de la República, y en materia disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación”.

En el Senado continúa el debate sobre las asignaciones de bandas de frecuencias para 4G, el tema de la protección de los usuarios y a las cargas de cobertura y servicio universal. “Citaremos al Congreso a los responsables de la prestación del servicio para que, de cara al país, expliquen la causa de las reclamaciones y el trámite que se ha dado a las mismas”, dijo.

Eugenio Prieto agregó que “el solo debate no es suficiente, debemos avanzar en la adopción de medidas en protección de los usuarios”, como el pleno cumplimiento de las obligaciones de los operadores derivadas de las actuales concesiones, la promoción de la competencia para que en Colombia exista un amplio número de operadores móviles, la eliminación definitiva de claúsulas de permanencia, la pedagogía del efectivo ejercicio del derecho a la portabilidad numérica y un régimen sancionatorio que proteja los derechos colectivos de los ciudadanos.

“Los servicios de comunicaciones móviles no pueden ser sólo un gran negocio para los operadores. Son mucho más; son un servicio público cuya prestación eficiente y cobertura con calidad en la totalidad del territorio nacional debe garantizar el Estado”, puntualizó.