En un fallo de segunda instancia, el Alto Tribunal acogió la acción popular presentada por la Defensoría del Pueblo, ante los daños que generaron las obras a varias quebradas que abastecen de agua al municipio de Calarcá y el riesgo para los habitantes de las veredas que dependen de estas fuentes hídricas.

Una sentencia del Consejo de Estado le puso freno a las acciones que vienen generando una grave contaminación por el desarrollo de la megaobra del túnel de La Línea y declaró responsables al Instituto Nacional de Vías (Invías), a la Unión Temporal II Centenario y el consorcio DIS S.A., de vulnerar los derechos colectivos al medio ambiente y salubridad pública de los habitantes de los municipios de Cajamarca y Calarcá, en el departamento del Quindío.

El fallo confirmó una decisión inicial del Tribunal Administrativo del Quindío, que resolvió en primera instancia una acción popular presentada por la Defensoría del Pueblo ante los daños que generaron las obras a varias quebradas que abastecen de agua al municipio de Calarcá y el riesgo en el que habían quedado los habitantes de las veredas que dependían de estas fuentes hídricas.

Según el Consejo de Estado, las acciones que se han implementado para contrarrestar los daños ecológicos no han sido satisfactorias y ordenó a la autoridad ambiental de la zona, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), lo mismo que a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) el cumplimiento de las medidas para prevenir el vertimiento en las quebradas La Gata y El Salado, levantar el lecho de estas mismas y reforestar la cuenca de La Gata.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, destacó que en la sentencia se incluye un plan de establecimiento y manejo forestal, así como la presentación de un cronograma de recuperación de flora y fauna a cargo de la Unión Temporal II Centenario. La CRQ y la Anla deben también tramitar, de manera prioritaria, los procedimientos administrativos sancionatorios en contra de los responsables de los daños ocasionados.

Invías, por su parte, tiene que presentar un informe sobre la ejecución de los contratos relacionados con la recuperación del acueducto comunitario, de la estructura de la bocatoma y línea de aducción de las veredas Alto del Túnel, Buenos Aires, Sierra Morena, El Castillo, San Rafael y el Predio Galicia; lo mismo que levantar el lecho, reforestar y realizar repoblamiento de los cuerpos de agua en esas zonas.

La Defensoría del Pueblo instauró la acción popular después de recibir varias quejas de la comunidad urbana y rural del municipio de Calarcá Quindío. La demanda fue fallada en primera instancia, el 13 de diciembre de 2012, por el Tribunal Administrativo del Quindío que dispuso la reparación de los daños ocasionados por las obras.

El fallo inicial fue apelado ante el Consejo de Estado. El caso pasó a la Sección Primera que acogió una ponencia del Consejero Marco Antonio Velilla Moreno. El alto tribunal ordenó también la conformación de un comité de verificación de cumplimiento de las órdenes emitidas en la sentencia en el intervendrán todas las entidades condenadas: Invías, Unión Temporal II Centenario, Consorcio DIS S.A EDL Ltda, CRQ y Anla.

El pasado 18 de octubre el Defensor Otálora Gómez realizó una visita a las obras y se reunió con las comunidades aledañas al Túnel de la Línea para conocer de primera mano la situación advertida en varias ocasiones desde la Regional del Quindío de la Entidad.

Un mes después, y con el ánimo de encontrar soluciones urgentes a los problemas sociales y ambientales en la construcción del Túnel de la Línea y sus obras anexas, al igual que los retrasos en las obras, el Defensor Otálora Gómez convocó y presidió una audiencia en la que se estableció la realización de una mesa de concertación permanente de la cual la Defensoría servirá como garante.

Mañana martes 26 de noviembre en la dirección nacional de Invías, la Defensoría del Pueblo presidirá la primera reunión de verificación del cumplimiento de la sentencia y servirá como garante de los compromisos de los constructores y de los organismos de control.

A esa primera audiencia asistieron la Ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, y el Director de Invías, Leónidas Narváez, además de representantes de la Contraloría, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación Autónoma Regional del Quindío y los consorcios DIS S.A. y Construcción Unión Temporal II Centenario. Allí se comprometieron a realizar reuniones semanales para hacerle seguimiento a los compromisos para los cuales la Defensoría del Pueblo servirá como garante. La primera de ellas se adelantará mañana martes 26 de noviembre en la sede de Invías, a las 9:00 a.m.