–En la cárcel de Huntsville, en Texas, Estados Unidos, fue ejecutado con una inyección letal un hispano de nombre Manuel Garza, de 34 años, quien, la noche del 2 de febrero de 2001, le arrebató el arma a un policía cuando trataba de detenerlo y le disparó en la cabeza, en hechos sucedidos en la ciudad de San Antonio.

El agente asesinado por Garza respondía al nombre de John Anthony Riojas, conocido como «Rocky» y también era de origen latino, quien encontró al sujeto merodeando en un aparcamiento y procedió a identificarlo.

En el juicio, celebrado en el 2002, el jurado tardó menos de una hora en declararlo culpable del crimen, y menos de tres en sentenciarlo a muerte.

«Gracias a todos por estar aquí. Siento mucho todo el dolor que he causado a mi familia, amigos y especialmente a la Policía. Seguramente me odien. Lo que sucedió con ‘Rocky’ sucedió muy rápido, de hecho no estoy seguro de lo que realmente pasó. Que Dios los bendiga, nos vemos en el otro lado», fueron las últimas palabras que Garza pronunció ante los testigos de la ejecución.

El condenado fue declarado muerto a las 18.40 hora local, luego de aplicársele una dosis de pentabarbital.

Entre los testigos de la ejecución se encontraba la madre de Garza y su esposa, con la que se casó después de ingresar en prisión, además de la hermana del policía muerto y cuatro compañeros de la institución.

En los próximos días, en el Estado de Texas, se les aplicará la pena de muerte a otros dos condenados, con el mismo tipo de inyección total, que entre otras cosas, el fármaco está agotado en Estados Unidos.

Solo quedan dos dosis de pentobarbital, las cuales presumiblemente se emplearán para la ejecución de Richard Vásquez, prevista para este 23 de abril y de Robert Pruett, fijada para el 29 del mismo mes.

De acuerdo con medios locales, una vez agotadas esas inyecciones, es incierto lo que sucederá con otros tres presos que tienen sus ejecuciones programadas entre mayo y junio, ya que todos los estados están afrontando dificultades para abastecerse de suministros letales, debido a que las compañías farmacéuticas ha adoptado la política de desalentar que sus miembros suministren los fármacos utilizados en las ejecuciones con inyección letal.

Las farmacéuticas a las que les compraban las sustancias se han rehusado a vender los fármacos para las inyecciones letales debido a presiones de opositores a la pena de muerte.

Desde que el Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte en 1976, han sido ejecutados en Estados Unidos 1.407 reos, 3 de ellos por fusilamiento. El Estado de Texas es el que más ha aplicado la pena capital. Con Manuel Garza van 524.