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Condenan al general retirado Flavio Buitrago y a su esposa por lavado de activos

General retirado Flavio Buitrago
General retirado Flavio Buitrago
–Una condena de 9 años de cárcel deberá purgar el general retirado Flavio Buitrago Delgadillo, exjefe de seguridad en el segundo mandato del presidente Alvaro Uribe Vélez por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su esposa, Elba Pulido Solano, fue condenada a 6 años por las mismas causas.

Las condenas fueron proferidas por el juzgado 9 especializado de Bogotá dentro del proceso que se les siguió por su presunta relación con el capo del narcotráfico Marco Antonio Gil Garzón, más conocido con el alias de «el papero» y con el excabecilla paramilitar Carlos Mario Jimenez Naranjo, alias «macaco» y un aumento patrimonial no justificado de cerca de 90 millones de pesos.

A su esposa se le estableció un incremento de mas de 500 millones de pesos.

Según el fiscal del caso, en la audiencia de juicio Flabio Buitrago no pudo logró demostrar la procedencia del dinero, por lo cual el ente acusador consideró que provenía de negocios ilícitos relacionados con el narcotráfico.

Alias «el papero» fue condenado a 6 años de presidio en 2013, tras aceptar su responsabilidad en los delitos de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

De hecho, desde el pasado 5 de febrero, la Fiscalía General de la Nación había solicitado sentencia condenatoria en contra del general retirado Flavio Eduardo Buitrago Delgadillo y su esposa Elba Alieth Pulido Solano, como responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

En desarrollo de una audiencia pública, la fiscal del caso indicó que quedó demostrado más allá de toda duda la responsabilidad de los acusados y señaló que todo se originó por la amistad entre el entonces coronel Buitrago Delgadillo y Marco Antonio Gil Garzón, alias «el papero», reconocido comerciante de Corabastos y narcotraficante, quien en 2013 se acogió a sentencia anticipada por narcotráfico, enriquecimiento ilícito de particular y lavado de activos.

Entonces la fiscalía indicó que el oficial reconoció su amistad de tiempo atrás con Gil Garzón, con el cual tuvo negocios, e igualmente su vínculo amistoso con el socio de este, el narcotraficante Jaime Dib Mor.

El oficial en ningún momento pudo justificar su incremento patrimonial en suma aproximada a los 89 millones de pesos, para lo cual la fiscal del caso indicó que ese enriquecimiento ilícito provino de la relación personal que sostenía el procesado con alias «el papero» y alias «macaco», quien era el cabecilla del llamado bloque central Bolívar de las autodefensas.

La fiscalía señaló que en declaración judicial, alias «macaco» y otros integrantes del grupo paramilitar afirmaron que el oficial recibía dinero en efectivo de dicho grupo armado, que provenía de la extorsión, el narcotráfico y otras actividades ilegales.

Según los testimonios de los integrantes de las autodefensas, este dinero era la retribución a la colaboración que le prestaba el entonces coronel a la agrupación ilegal armada, por favores como la seguridad y la libertad para poder cometer acciones delictivas.

Como oficial de la Policía Nacional adelantó la investigación relacionada con el secuestro de la hija de Gil Garzón, al igual que la investigación, por iniciativa propia, de las extorsiones de las que era víctima el narcotraficante Jaime Dib Moor Saab, destacó la fiscalia.

También indicó que en sus descargos el procesado alegó que durante el desempeño de labores como oficial de la Policía y sus tareas en la DIAN y la Presidencia de la República, recibía doble salario, versión que fue desvirtuada gracias a la investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Sobre la esposa del oficial procesado, la fiscalía manifestó que ella también tenía un incremento patrimonial de 593 millones 125 mil pesos sin justificar, dinero que llegó de los negocios y relaciones que tenía con alias «el Papero» y Moor Saab; por lo cual pidió que fuera condenada como responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.

Al concluir el juicio, el representante del Ministerio Público también le solicitó a la juez que se dicte sentencia condenatoria contra los procesados.

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