–Tras afirmar que la entrega de bienes se viene cumpliendo de manera estricta, los cabecillas de las exFarc acusaron al Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira de estar utilizando el cargo como «instrumento político» contra el acuerdo de paz.

Martínez Neira aseguró que la Fiscalía ha incautado bienes presuntamente vinculados a las Farc por 2,3 billones de pesos que no estaban en el inventario entregado por los cabecillas y dijo que además, tiene identificados muchos más bienes urbanos,rurales y empresariales que están escondiendo y que «deben ser objeto de extinción dominio según el Acuerdo de Paz”.

Frente a esta situación, el Fiscal pidió «a la Corte Constitucional el estricto cumplimiento del Acuerdo de Paz, cuyo numeral 5.1.3.7 prescribe que bienes no inventariados por las Farc quedan sujetos a la legislación ordinaria y a extinción de dominio”.

Al respecto, los cabecillas de las exFarc, en un comunicado, afirman que el fiscal general «vuelve a distorsionar el proceso de disposición al Estado de los bienes que constituyeron la economía de guerra de las Farc- ep, acudiendo a una presentación amañada de la información y apelando al sensacionalismo mediático».

Agregan que el 15 de agosto del 2017 se presentó a la Misión de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación el inventario de bienes y activos que representaron el patrimonio de guerra de las Farc.

«De este inventario, a la fecha se ha puesto a recaudo de las autoridades 255.041 gramos de oro; 2.114’300.000 pesos en efectivo; 450.000 dólares; 205 bovinos; 19 mulares; 134 carreteras; 211 coordenadas de bienes inmuebles; y 742 equipos varios. Bienes avaluados aproximadamente en 132.325’462.300 pesos», puntualizan.

Advierten que «con este proceso de disposición de bienes al Estado se ha venido cumpliendo de manera estricta con lo acordado. Este patrimonio habrá de destinarse al fondo para la reparación de las víctimas y la reincorporación de exintegrantes de las Farc ep, cuya responsabilidad corresponde al Estado colombiano».

Según los cabecillas de las exFarc, el fiscal Martínez Neira, «debe ceñirse a desempeñar las funciones constitucionales de la institución bajo su cargo, y no utilizarla como instrumento político contra el acuerdo de paz, en particular para obstaculizar la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz y el proceso de entrega de lo que representó nuestro patrimonio de guerra».

Finalmente solicitan «a las autoridades competentes facilitar los operativos para proseguir con la entrega de bienes, así como a tomar custodia de aquellos que se encuentran en riesgo de caer en manos de terceros».