En la mañana de este miércoles el Gobierno Nacional firmó con el Banco Mundial un crédito por 100 millones de dólares, cifra que se sumará a los 50 millones de otro crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que se destinará a la implementación de la nueva política catastral que busca beneficiar a los colombianos que más lo necesitan.
El acto contó con la presencia de la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, quien hace parte del proyecto Catastro Multipropósito por ser cabeza del sector administrativo de justicia. En dicho proyecto, como organismo coejecutor y según los decretos 1427 de 2017 y 2075 de 2016, también figura la Superintendencia de Notariado y Registro.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, son tres las metas específicas de esta operación conjunta: la actualización de los primeros cinco millones de hectáreas (que equivalen a 360.000 predios y 65.000 títulos registrados); la entrega de títulos a por lo menos 26.000 mujeres rurales; y el enfoque de esfuerzos en los municipios más afectados por la violencia.
Con la implementación del Catastro Multipropósito se aportará seguridad jurídica a la propiedad y se reducirá la conflictividad sobre la tierra, especialmente en los municipios. Esto debido a que en adelante contarán con información actualizada y exacta de la organización de su territorio en términos de uso y propiedad. De esta manera las entidades territoriales y el Gobierno Nacional podrán diseñar efectivas políticas públicas y de prevención que respondan a las realidades de los territorios.
Además del Ministerio de Justicia y del Derecho, las instituciones gubernamentales al frente de esta iniciativa que lidera la Consejería para la Gestión del Cumplimento de la Presidencia de la Republica son el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Agricultura, la Consejería Presidencial para la Estabilización, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
