Por presuntas irregularidades en el manejo de la contratación en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Contraloría y la Procuraduría anunciaron investigaciones.

Según dijo hoy la contralora Sandra Morelli, en un debate en la Comisión séptima de la Cámara, las inconsistencias presentadas podrían superar los mil 168 millones de pesos.

Manifestó que entre las presuntas irregularidades están que hay partes del país donde los beneficiarios sólo reciben una ración de alimentación cada 15 días y la existencia de contratos para atender personas mayores, en el que se asisten a personas ya muertas.

Además, reveló que hay contratos en los que se atiende un número mayor de beneficiarios que la misma población objetiva existente.

Por su parte, la procuradora delegada para la niñez, Ilba Miriam Hoyos, dijo que al menos 17 mil contratos que se firman cada año, no tienen seguimiento por parte del organismo.