–El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció a través de su cuenta en X que ha tomado atenta nota del delicado informe presentado por Noticias Caracol, en el cual se puso en evidencia «un escandaloso vínculo entre jefes de las disidencias de las Farc con un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia».

Se trata de archivos secretos de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias, en conversaciones con su antiguo socio, alias Iván Mordisco, en las que hablaron de supuestas pruebas que tiene en su poder sobre la financiación de la campaña ‘Petro presidente’. En esos chats, también salió a relucir el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez.

Según el informativo de televisión son chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas que hablan de la cercanía entre las disidencias de alias Calarcá con quien hoy es el director del comando de personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huertas, y Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)».

Añade que la figura de alias Calarcá salió a relucir el pasado 23 de julio de 2024 cuando una caravana compuesta por siete jefes de disidencias, incluido el ya mencionado, estaba siendo custodiada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estos vehículos fueron detenidos por un retén del Ejército en Anorí, Antioquia, hallándoles armas y dinero, hechos que habrían constituido la comisión de delitos en flagrancia.

No obstante, puntgualiza, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, emitió un oficio ordenando la libertad de la mayoría de los detenidos. La decisión se basó en el argumento de que eran Gestores de Paz y, por lo tanto, no podían ser capturados pese a la situación de flagrancia».

Cuatro de los líderes quedaron en libertad, incluyendo el jefe del autodenominado Estado Mayor de las Farc, alias Calarcá, su compañera ‘Erika’ y los jefes de frentes alias Ramiro y Urías Perdomo. Los disidentes, tras su liberación, retornaron a las armas.

Al respecto, el ministro de Defensa afirma que ordenó adelantar una investigación rigurosa según las competencias de la cartera ministerial y de la Fuerza Pública, en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia. Así mismo, afirmó, «hemos dispuesto todo lo que requiera la Fiscalia para acelerar la investigación que está adelantando».

Sánchez señala que como Ministerio de Defensa «no dudaremos en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones» y agrega:

«Quiero ser enfático: ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni tampoco en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares».

Igualmente precisa: «Somos una institución fundada en el honor y la legalidad. Bajo ese principio inquebrantable, reafirmo que el Ministerio de Defensa Nacional no permitirá, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la Patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector. La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará, y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia».

El ministro advierte que «la transparencia y la legitimidad son pilares no negociables, pues de ellos depende la seguridad y la defensa del pueblo colombiano».

«Es necesario llamar las cosas por su nombre y según los actos cometidos: alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ son criminales», continúa. «Así lo argumentan las órdenes de captura. La posición del Estado colombiano es clara: individuos de alta peligrosidad que han sembrado violencia, reclutado menores y promovido el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en diversas regiones del país serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia. Nuestro objetivo primordial es proteger a la población civil de su accionar delictivo».

Afirma que aunque alias ‘Calarcá’ tiene una orden de captura suspendida en los espacios de diálogo que permite la ley 2272, conocida como Ley de Paz Total, «ello no constituye un salvoconducto para delinquir. Si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo —incluyéndolo a él— en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones».

Igualmente indica qu desde inicio del año dispuso la línea gratuita nacional 157 contra la corrupción, para que la ciudadanía pueda denunciar, con absoluta reserva, este caso o cualquier otro hecho contrario a la ley. Allí también podrán reportarse actividades ilegales cometidas por funcionarios públicos o particulares. La participación ciudadana es esencial para combatir la criminalidad, subraya y concluye: «La transparencia y la legitimidad seguirán guiando nuestro proceder institucional».