–El Consejo Gremial Nacional advirtió en un comunicado que «Colombia está a pocos dias de enfrentar un deterioro economico sin precedentes», por cierres y quiebras de empresas, como consecuencia de las medidas adoptadas mediante los Decretos Legislativos 173 y 240 de 2026, que crean un impuesto al patrimonio para las empresas en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.

«El impuesto al patrimonio para personas jurídicas representa una carga cercana a los $8,3 billones, que resulta inasumible para el sector productivo, más aún cuando el plazo para su pago no permite a las empresas prepararse adecuadamente», precisa.

Agrega que en la práctica, muchas empresas no tendrán la liquidez necesaria para cumplir, lo que puede afectar su operación, llevar a cierres y quiebras y poner en riesgo cientos de miles de empleos.

Subraya que desde el punto de vista constitucional, la medida genera serias dudas.

La Constitución establece que las decisiones adoptadas en estados de emergencia deben estar directamente relacionadas con la crisis que se busca atender. Sin embargo, el propio Gobierno ha señalado que estas medidas también buscan cubrir un hueco fiscal de tiempo atrás, lo que pone en duda que estén realmente enfocadas en la emergencia, indica.

Además, crear un impuesto de esta magnitud por decreto implica, en la práctica, dejar de lado al Congreso y el debate democrático que requieren los cambios tributarios estructurales.

Advierte que la Corte Constitucional ha sido clara en que las decisiones adoptadas en emergencia deben ser temporales, necesarias y equilibradas. En este caso, se está cobrando un impuesto sobre el patrimonio de las empresas —sobre lo que tienen y no sobre lo que ganan— para cubrir necesidades que van más allá de la coyuntura, lo que desdibuja su carácter temporal.

En términos económicos, puntualiza, este impuesto resulta especialmente gravoso, pues obliga a pagar incluso a empresas sin utilidades, afecta su flujo de caja y limita la inversión en un momento en el que el país necesita señales de confianza.

Adicionalmente, los plazos tan cortos obligan a las empresas a endeudarse, vender activos o aplazar proyectos, decisiones que impactan directamente el empleo, las cadenas productivas y el dinamismo de la economía.

Según la organización empresarial, estas medidas, adoptadas en medio del deterioro de las finanzas públicas, afectan la confianza, la seguridad jurídica y las perspectivas de crecimiento del país.

Por todo lo anterior, el Consejo Gremial Nacional «solicita respetuosamente a la Corte Constitucional actuar con celeridad, evaluar estas medidas y considerar su suspensión provisional, con el fin de evitar daños graves al aparato productivo, el empleo y la economía nacional».

Y concluye: «El respeto por la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de todos los colombianos».

Entre otras, estas son las agremiaciones agrupadas en el Consejo Gremial:

ACOLFA, Acolgen, Confecámaras, ACOPI, Asocolflores, Acp, Asofiduciarias. Fenavi, Acoplásticos. Asofondos, Naturgas, Analdez, Asomóvil, Fedepalma, Anatoa, Campetrol, FedeSeguridad, Fedesoft, Colfecar, Fenalco, Sac, Federación de Cafeteros