–La Defensoría del Pueblo reiteró al Gobierno Nacional la importancia de fortalecer el diálogo social con enfoque territorial, cumplir los acuerdos y mejorar la articulación institucional, como claves para prevenir el escalamiento de los conflictos y fortalecer la confianza ciudadana.

El pronunciamiento lo hizo al presentar el Balance Anual de Conflictividad Social 2025, en el que evidenció el registro de 4.039 eventos en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá, lo que representa un incremento del 5 % frente al año 2024 con 3832 eventos de conflictos sociales.

El informe refleja que la conflictividad social en el país continúa marcada por problemáticas estructurales relacionadas con los derechos de los trabajadores, el acceso a servicios públicos, la débil presencia estatal y la garantía de derechos fundamentales.

En este sentido, los principales conflictos sociales que se identificaron estuvieron relacionados con los derechos laborales y acceso al trabajo (18 %), fallas en los servicios públicos (13 %), exigencias de mayor presencia e inversión estatal (12 %), derecho a la educación (11 %), derechos a la vida, seguridad e integridad (11 %).

El mayor incremento en las protestas se registró por el derecho a la salud, con un aumento del 81 % en los eventos.

La cifra pasó de 175 a 317 manifestaciones por la no entrega de medicamentos, la no asignación de citas con especialistas y acceso a tratamientos y traslados oportunos, entre otras problemáticas asociadas con los servicios de salud. A esta situación se sumaron los reclamos puntuales en materia de salud por parte de los maestros y pensionados de la fuerza pública.

En cuanto a los principales mecanismos de manifestación empleados por la ciudadanía para expresar sus demandas e inconformidades se identificaron los bloqueos de vías o cortes de ruta (41 %), los plantones o concentraciones (39 %), seguidos de marchas y movilizaciones (5%) y otro tipo de repertorios de manifestación social. La participación en estos escenarios fue diversa, destacándose la ciudadanía en general, la comunidad educativa, trabajadores, usuarios de servicios públicos, transportadores, comunidades indígenas, mujeres y sectores campesinos.

El 11% de los casos de conflictos sociales se concentraron en Bogotá D.C. y los departamentos con mayor número de eventos fueron: Valle del Cauca (6%), Santander, Bolívar, Antioquia, Atlántico, Magdalena y Córdoba (5% cada uno), Meta, La Guajira, Huila, Meta y Cundinamarca (4% cada uno). Los restantes concentraron una participación igual o menor al 3% cada uno.

Por otra parte, dentro de los municipios que concentran mayor número de eventos figuran capitales de departamentos como: Santiago de Cali, Cartagena de Indias, Santa Marta, Barranquilla, Ibagué, Neiva, Yopal y Medellín. Igualmente, sobresalen otros municipios como Barrancabermeja, Puerto Gaitán, Soacha, Ciénaga, Ocaña y el Distrito Especial de Buenaventura.

Durante el año anterior, la Defensoría del Pueblo acompañó 384 espacios de diálogo, realizó seguimiento a 56 acuerdos y capacitó a más de 1.000 personas en mediación y transformación de conflictos. Asimismo, proyecta que 2026 será un año de alta conflictividad social, influenciado por el contexto electoral y por las expectativas de cumplimiento de compromisos por parte del Estado. En este escenario, se prevé que las movilizaciones sociales continúen y que las calles se consoliden como un espacio central de expresión ciudadana.

Ante el panorama expuesto, la Defensoría reiteró su llamado al Gobierno nacional a fortalecer el diálogo social con enfoque territorial y de derechos, garantizar el cumplimiento efectivo de los acuerdos, y mejorar la articulación institucional. La atención oportuna a las demandas sociales y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, son fundamentales para prevenir el escalamiento de los conflictos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, puntualizó.