–La Defensoría del Pueblo presentó ante el Congreso de la República un concepto con análisis y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley No. 302 de 2025 Senado y 020 de 2025 Cámara, «Por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y se dictan otras disposiciones».

En el documento, la entidad ratifica su compromiso con la protección de los derechos humanos y respalda la creación, estabilidad y fortalecimiento del Ministerio de Igualdad y Equidad. Advierte, además, que esta institucionalidad es fundamental para enfrentar las desigualdades estructurales, superar barreras históricas de exclusión y avanzar en la garantía del derecho a la igualdad material de los grupos históricamente discriminados y sujetos de especial protección constitucional.

Llamado al Congreso de la República

La Defensoría del Pueblo hace un llamado al Congreso de la República para que, antes del 20 de julio de este año, apruebe este proyecto de ley que está en primer debate en las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara.

La entidad enfatiza que tramitar esta iniciativa de manera prioritaria garantiza la continuidad de una institucionalidad fundamental para la igualdad, y que el Ministerio es una herramienta esencial para avanzar hacia un país con menos desigualdad y mayores garantías de derechos.

La aprobación del proyecto no solo corrige el vicio procedimental señalado por la Corte Constitucional, sino que reafirma el compromiso del Estado colombiano con una sociedad más equitativa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana.

Una apuesta necesaria para cerrar brechas de desigualdad

La Defensoría del Pueblo destaca que el Ministerio de Igualdad y Equidad responde a un mandato constitucional que exige al Estado adoptar medidas concretas para superar la exclusión, la discriminación y las desigualdades persistentes.

El país enfrenta profundas brechas sociales, económicas, territoriales, étnico-raciales, de género, generacionales y asociadas a la discapacidad, que afectan de manera diferenciada a mujeres en todas sus diferencias, pueblos étnicos, juventudes, personas con discapacidad, población con OSIGNH, comunidades campesinas y otros grupos históricamente excluidos. En este contexto, contar con una entidad rectora permite articular políticas públicas eficaces, sostenibles y con enfoque diferencial, de género, étnico-racial, territorial e interseccional.

Riesgos de eliminar o debilitar esta institucionalidad

La Defensoría advierte que la inestabilidad del Ministerio de Igualdad y Equidad representa riesgos concretos para la garantía de los derechos humanos.

Entre las principales preocupaciones están la desarticulación de políticas públicas esenciales para el cierre de brechas, la interrupción de programas que benefician a cientos de miles de personas, y la fragmentación institucional con la consiguiente pérdida de eficiencia en la acción estatal.

De acuerdo con el Registro de Igualdad y Equidad, creado mediante la Resolución 772 de 2024, entre los programas que se verían afectados figuran: 15.996 hogares a través del Programa Hambre Cero; 19.416 personas y 226 organizaciones a través del Programa Nacional de Cuidado; 136.179 personas a través del Programa Raíces en Movimiento: Migración y Acogida; 106.291 personas a través de Jóvenes en Paz; 18.790 personas a través del Programa Aguante Popular por la Vida; 28 espacios territoriales fortalecidos a través de Casas para la Dignidad de las Mujeres, y 6.119 personas atendidas mediante el Programa SALVIA, entre otros.

Esto configura un riesgo directo e inminente para la continuidad de la atención de al menos 300.000 sujetos de especial protección constitucional ubicados en territorios marcados por dinámicas históricas de exclusión y violencia. La eventual interrupción de esta oferta institucional podría agravar las condiciones de vulnerabilidad existentes y profundizar las brechas de quienes hoy son atendidos por el Ministerio.

La eliminación de esta entidad no constituiría una simple reforma administrativa, sino un retroceso en materia de derechos, contrario a los principios de progresividad y no regresividad.

Impacto en la garantía de derechos de grupos históricamente discriminados
Actualmente, el Ministerio lidera programas orientados a responder a desigualdades estructurales que afectan a distintos grupos sociales y poblacionales.

La Defensoría subraya que su desaparición pondría en riesgo la continuidad de estas iniciativas, con efectos especialmente graves para quienes enfrentan mayores barreras para acceder a derechos fundamentales como la alimentación, el cuidado, la inclusión social, la participación, la autonomía económica y la protección frente a las violencias y discriminaciones.

El impacto de la eventual eliminación o debilitamiento del Ministerio no puede medirse únicamente por el número de personas beneficiarias de sus programas, sino por el riesgo de desarticular una institucionalidad llamada a responder a desigualdades estructurales, persistentes y diferenciadas. La continuidad del Ministerio es central para garantizar que las agendas dirigidas a pueblos étnicos, juventudes, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, comunidades campesinas y otros grupos históricamente discriminados incorporen de manera efectiva los derechos, necesidades y experiencias de las mujeres. No se trata únicamente de reconocer a las mujeres como un grupo específico, sino de asegurar que los compromisos del Estado en materia de igualdad de género atraviesen todas las políticas de inclusión, equidad y cierre de brechas.

El proyecto de ley incorpora enfoques diferenciales, de género, étnico-racial e interseccional, alineados con estándares nacionales e internacionales en derechos humanos. Asimismo, resalta la creación del Sistema Nacional de Cuidado como un avance significativo para reconocer, redistribuir y dignificar las labores de cuidado en el país, históricamente asumidas de manera desproporcionada por las mujeres.