Expulsión del general (r) Mauricio Santoyo de la JEP queda en firme tras incumplir con la verdad
La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó este martes en Bogotá la expulsión definitiva del general en retiro Mauricio Santoyo Velasco, debido a su falta de aportes significativos a la verdad y el incumplimiento de las condiciones de sometimiento. El antiguo jefe de seguridad de la Presidencia de la República perdió los beneficios de la justicia transicional al no entregar información detallada sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares y su supuesta participación en crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada y el narcotráfico.
El tribunal de paz argumentó que Santoyo Velasco mantuvo una actitud de negación y reticencia durante sus comparecencias, lo cual vulnera los derechos de las víctimas a conocer la realidad de lo sucedido durante el conflicto armado. Al confirmarse esta decisión en segunda instancia, el proceso contra el oficial retirado regresa a la justicia ordinaria, donde deberá responder por las investigaciones penales que cursan en su contra sin la posibilidad de acceder a penas alternativas o libertad condicionada.
Entre los procesos que el presunto implicado deberá enfrentar ante los tribunales ordinarios se encuentra su supuesta responsabilidad en la desaparición de los activistas de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, ocurrida en 1999. Las víctimas y sus representantes legales habían solicitado reiteradamente la exclusión del general (r) al considerar que sus declaraciones eran superficiales y no aportaban datos que permitieran el hallazgo de personas desaparecidas o la identificación de otros responsables en la cadena de mando.
Con esta resolución, la JEP envía un mensaje contundente sobre la obligatoriedad de la verdad exhaustiva para todos los comparecientes, especialmente para aquellos que ostentaron altos cargos en la fuerza pública. El sistema de justicia restaurativa enfatiza que la permanencia en esta jurisdicción no es un beneficio automático, sino un compromiso ético y jurídico con la reparación de quienes sufrieron los vejámenes de la guerra en Colombia.

