Este viernes, el candidato presidencial Iván Cepeda solicitó formalmente a las autoridades competentes abrir una investigación penal y disciplinaria para esclarecer el origen de una presunta campaña de desprestigio en su contra. La petición del líder político del Pacto Histórico se produjo en Bogotá, luego de que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional confirmaran que las grabaciones viralizadas en redes sociales —en las que supuestamente un cabecilla de las disidencias de las FARC alias Calarcá manifestaba su apoyo electoral a su candidatura— son completamente falsas. Cepeda argumentó que estos hechos buscan interferir de manera ilegal y malintencionada en la contienda democrática a pocos días de que se celebre la primera vuelta de los comicios presidenciales.

La controversia escaló rápidamente en el panorama político nacional tras la difusión de un material sonoro atribuido al supuesto disidente conocido como ‘Rogelio Benavides’. En el audio, una voz afirmaba que las estructuras armadas presionarían a la población civil a favor del aspirante oficialista. Sin embargo, los análisis de inteligencia criminal revelaron que las grabaciones provienen en realidad de una dinámica de extorsión carcelaria ejecutada desde el patio 10 del centro penitenciario La Picaleña, en la ciudad de Ibagué, por un recluso que carece de cualquier nexo con organizaciones insurgentes.

Ante el contundente informe oficial presentado por los organismos de seguridad del Estado, el candidato presidencial sostuvo que este tipo de ataques no corresponden a incidentes aislados. Según el propio líder político, las falsas acusaciones forman parte de una serie de señalamientos sistemáticos, repetitivos y sin fundamentos diseñados de manera estratégica por sectores de la oposición con el único objetivo de afectar su imagen pública y restarle favorabilidad en la intención de voto.

Por este motivo, el aspirante a la Casa de Nariño no solo exigió que se identifique a los determinadores detrás de la difusión coordinada de estos contenidos falsos, sino que también hizo un llamado público para que los contradictores que utilizaron la grabación como arma política realicen las rectificaciones del caso de forma inmediata. Con este pronunciamiento, la campaña electoral entra en una etapa de alta tensión institucional, donde las autoridades judiciales deberán determinar la responsabilidad legal de quienes participaron en la propagación de este supuesto complot de desinformación.