Este martes, el presidente de la concesionaria Odinsa (filial del Grupo Argos), Jean Pierre Serani, alertó que una histórica inversión de 7 billones de pesos destinada al desarrollo vial se encuentra en grave riesgo en el Eje Cafetero. Este freno al megaproyecto se originó luego de que el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), decidiera anticipar el fin del contrato de Autopistas del Café y no avalar la nueva Iniciativa Privada (IP) conocida como Conexión Centro, dejando el futuro de las carreteras regionales en una profunda incertidumbre.

El ambicioso proyecto de concesión, que lleva estructurándose durante los últimos ocho años, busca modernizar la infraestructura actual para llevarla a los estándares de las vías de quinta generación (5G). La iniciativa privada contempla no solo el mantenimiento de 334 kilómetros existentes, sino la construcción de 77 kilómetros nuevos de doble calzada, además del desarrollo de 20 intersecciones, viaductos y ciclorrutas. Obras de alto impacto para la conectividad y competitividad, como la anhelada doble calzada Calarcá – La Paila y las mejoras en Chinchiná (Caldas), son algunas de las intervenciones que quedarían en el limbo.

El escenario actual también plantea serias inquietudes a nivel fiscal y tarifario. El alto directivo de la compañía advirtió que los contratos de primera generación cuentan con un ingreso mínimo garantizado y que, de no cumplirse dadas las coyunturas en el cobro de peajes, la Nación deberá asumir la diferencia presupuestal utilizando los impuestos de los colombianos. Sumado a esto, desde la concesionaria han manifestado su desconcierto al no ser incluidos en las recientes mesas de concertación territoriales organizadas por las autoridades, enterándose de las directrices únicamente a través de reportes mediáticos.

Frente a esta coyuntura, buscando preservar la transparencia y blindar la inversión, los representantes legales de la empresa han solicitado el acompañamiento formal y preventivo de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. Con esta medida, se espera que los entes de control vigilen que se respete estrictamente el debido proceso y se evalúe el proyecto con todas las garantías jurídicas e institucionales, protegiendo así el modelo de concesiones que ha sido clave para la evolución de la red de transporte en Colombia.