–Como «cortinas de humo» calificó Abelardo De La Espriella la denuncia penal instaurada en su contra por Iván Cepeda argumentando que promovió y financió grupos paramilitares. De la Espriella dice que su contendor apeló a esa medida como reacción a la denuncia de la «narco política» que hizo «hace unos días, sin aspavientos», ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño».

«Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca “paraco”», precisó el aspirante presidencial de Defensores de la Patria.

La única manera de hacer política que conoce Iván Cepeda es mediante montajes judiciales.

Se acabaron tus 20 años de falsos positivos judiciales para politiquear. Tus viejos trucos quedarán enterrados por la voluntad del pueblo en las urnas: ¡bandido!

Firme por la Patria. ?… pic.twitter.com/8pDoBl19zg

— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 11, 2026

De la Espriella hizo publica la carta que envió al vicesecretario de Estado de EE.UU, Christopher Landau, denunciando a Cepeda.

Estos son los términos de esa misiva:

Estimado Vicesecretario Landau:
Agradezco la seriedad con la que usted y el Secretario Rubio han abordado la integridad de las próximas elecciones en Colombia, así como sus declaraciones del 4 de junio, en las que señaló que quienes intenten socavar o manipular el proceso democrático colombiano —ya sea mediante la compra de votos o de cualquier otra forma— pondrían en riesgo sus visas y las de sus familiares, y que los Estados Unidos mantenían especial atención sobre la Costa Caribe y otras regiones del país. Me dirijo ahora a usted, como alguien que aspira a liderar una Colombia soberana, para referirme precisamente a ese «cualquier otra forma» y a ese «otras regiones», en eI espíritu de una preocupación compartida entre dos naciones que enfrentan, cada una a su lado de la frontera, al mismo adversario.

En los días transcurridos desde entonces, esa preocupación ha adquirido una forma más grave y concreta. En amplias zonas del suroccidente pacífico colombiano, la segunda vuelta del próximo 21 de junio está siendo determinada no por la libre voluntad de los ciudadanos, sino por el poder territorial de organizaciones que tanto Colombia como los Estados Unidos consideran criminales y terroristas: las disidencias de las FARC que su gobierno ha designado como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo (FARC-EP), estructura comandada por alias «Iván Mordisco»; junto con la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y eI Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia), este último designado en diciembre bajo la firma del Secretario Rubio. No se trata de abstracciones de la política colombiana; son organizaciones terroristas designadas oficialmente y están utilizando su control territorial para impedir la competencia democrática y orientar el voto hacia una sola candidatura.

No le pido que tome mi palabra como prueba de ello, y adjunto un anexo que 10 documenta.

En síntesis: los resultados oficiales de la primera vuelta muestran, en Cauca, Chocó y Nariño, una concentración del voto a favor de una candidatura tan extrema —superior al noventa por ciento y, en algunos lugares, al noventa y siete por ciento— que resulta difícil conciliarla con una contienda libre.

Los municipios donde esta concentración es más marcada son, por regla general, aquellos con menor participación electoral; y cuando estos resultados se comparan con los mapas de riesgo elaborados por la Defensoría del Pueblo, la coincidencia es prácticamente total. Nuestra Corte Suprema de Justicia ha considerado, en una línea jurisprudencial consolidada, que este tipo de patrones constituye una evidencia grave de una concertación ilícita entre una candidatura y una estructura armada. Autoridades civiles y judiciales identificadas públicamente —entre ellas el Gobernador de Caquetá y un magistrado del tribunal electoral de Nariño— han denunciado el empadronamiento forzado de comunidades rurales para obligarlas a votar; y un alto oficial que documentó estas prácticas en los Llanos Orientales y la Amazonía fue retirado de su cargo pocos días después.

Tampoco se trata únicamente de afirmaciones provenientes de mi campaña: una ex Fiscal General de la Nación ha caracterizado públicamente el comportamiento observado en la primera vuelta como una coalición electoral entre la candidatura oficial y estas estructuras armadas.

Existe una razón por la cual estas organizaciones tienen un interés tan directo en el resultado electoral. La política conocida como Paz Total fue concebida y bautizada por eI propio candidato oficialista en 2019, y él mismo se desempeñó como principal negociador del Gobierno dentro de ese esquema. Más allá de las intenciones con las que fue presentada,
dicha política ha coincidido con el crecimiento de estos grupos en capacidad armada, control territorial e ingresos ilícitos, sin que ninguno de ellos haya sido efectivamente desarmado.

En términos simples, estas organizaciones tienen un interés material en la continuidad de esa política y, por consiguiente, en eI resultado de esta elección. EI candidato ha manifestado su intención de reabrir dichas negociaciones en caso de resultar elegido.

Soy plenamente consciente de los límites de lo que puedo afirmar con justicia y responsabilidad. No sostengo que mi oponente haya dirigido estos actos; él ha negado cualquier participación, y mi planteamiento no depende de resolver esa cuestión. Lo que pongo ante usted es algo más acotado y, a mi juicio, fuera de toda duda razonable: que organizaciones designadas como terroristas están coaccionando el voto en favor de una candidatura; que tienen un interés declarado en su éxito; y que la consecuencia, en las regiones afectadas, es una elección que no puede considerarse libre.

La defensa de la democracia colombiana es, ante todo y sobre todo, una responsabilidad de los colombianos, una responsabilidad que estoy decidido a asumir. No escribo para pedir que otra nación defienda nuestro voto en nuestro lugar, ni para sugerir las medidas que los Estados Unidos deban adoptar; esas son decisiones que corresponden exclusivamente a su criterio y a sus leyes, y no me corresponde prescribirlas. Escribo, más bien, para compartir con un país amigo, de manera franca y oportuna, hechos de la máxima gravedad relacionados con organizaciones que su propio gobierno ha designado como terroristas, con la confianza de que una nación que se pronunció como usted lo hizo el pasado 4 de junio, y que ha actuado en circunstancias comparables en otros lugares, los valorará conforme a sus principios e intereses. Allí donde Colombia y los Estados Unidos enfrentan al mismo adversario terrorista, nuestro propósito es común: que los ciudadanos de mi país sean libres de elegir el próximo 21 de junio.

Con gusto pondré a su disposición, en la forma que considere más útil, toda la documentación a la que hace referencia el anexo. Dada la proximidad de la segunda vuelta, he considerado mi deber poner estos hechos en su conocimiento sin demora. Le agradezco nuevamente su atención y la amistad que une a nuestras dos naciones.

Atentamente,
ABELARD DE LA ESPRIELLA
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA