El Tribunal Superior de Bogotá admitió  una acción de tutela interpuesta contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, recurso legal que busca impugnar la aspiración política del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El requerimiento, que se da en medio de la recta final de la contienda electoral en el país, se fundamenta en una presunta inhabilidad derivada de la doble nacionalidad del aspirante, quien también posee la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, los magistrados encargados del caso decidieron no conceder las medidas cautelares que exigían apartarlo de las elecciones, lo que permite que su campaña siga adelante.

En el desarrollo del proceso judicial, los demandantes habían solicitado como medida de urgencia la suspensión temporal de la inscripción del candidato mientras los jueces resolvían el fondo del asunto. El Tribunal consideró que aplicar dicha restricción a escasos días de los comicios resultaba una medida desproporcionada, por lo que desestimó la petición de frenar su participación en la segunda vuelta. Con esta decisión, las autoridades judiciales garantizan, por el momento, la presunción de sus derechos políticos, a la espera de un fallo definitivo que aclare la situación.

El centro de este debate jurídico radica en el juramento que el aspirante habría realizado al adquirir la naturalización en los Estados Unidos. Según el recurso de tutela y las advertencias de algunos sectores políticos, dicho trámite exigiría un compromiso de lealtad a la nación norteamericana, lo que, a juicio de los accionantes, configuraría un supuesto conflicto de intereses para quien aspira a dirigir las políticas de Estado en Colombia. No obstante, otro grupo de expertos en derecho constitucional señala que la Carta Política colombiana no contempla la posesión de un pasaporte extranjero como una limitante expresa para ejercer la presidencia.

Cabe recordar que la situación ciudadana del candidato ya había sido objeto de escrutinio reciente por parte de las autoridades competentes. Días atrás, el propio Consejo Nacional Electoral (CNE) había estudiado una solicitud de revocatoria con argumentos idénticos, concluyendo que el aspirante es ciudadano colombiano por nacimiento. En su momento, el máximo órgano electoral determinó que la obtención de una segunda nacionalidad no suprime los derechos políticos adquiridos en el territorio nacional, descartando la presunta existencia de un impedimento legal que viciara su inscripción.

Tras admitir el estudio formal de la tutela, el Tribunal de Bogotá ha ordenado notificar de manera inmediata a las diversas entidades del Estado involucradas para que presenten sus respectivos descargos. El CNE, la Registraduría, la Procuraduría, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los representantes de la campaña política tienen el plazo perentorio de un día para entregar sus respuestas y argumentos técnicos. Mientras los jueces analizan la totalidad de los fundamentos, el calendario democrático avanza sin alteraciones para las votaciones decisivas de este domingo.