–La Corte Constitucional avaló el Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto de 2026 por medio del cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el terremoto de magnitud 7,4 del país el 10 de agosto. No obstante, la alta corporación judicial condicionó su aplicación en aspectos territoriales, presupuestales y de atención a las comunidades afectadas.

De acuerdo con la sentencia C-366 de 2026, que fue aprobada por la Sala Plena con siete votos a favor y uno en contra, las facultades y los recursos de la emergencia económica se circunscribirán a los municipios en los cuales se comprueben técnicamente daños relacionados con el fenómeno natural de acuerdo con el reporte situacional número 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

En consecuencia, el hecho de que un municipio esté en uno de los departamentos incluidos en la emergencia no será suficiente para acceder a sus beneficios. Las autoridades deberán acreditar que existe una afectación concreta derivada del terremoto.

Además, la emergencia no podrá utilizarse para solucionar dificultades estructurales que existían antes del 10 de agosto de 2026, caso concreto del sistema penitenciario y carcelario. En todo caso, el Gobierno deberá demostrar que los mecanismos ordinarios son insuficientes y que las acciones tienen una relación directa con la recuperación de las zonas afectadas.

De acuerdo con la sentencia, los recursos no podrán utilizarse para financiar gastos que no tengan relación directa con el estado de emergencia ni podrán destinarse a cubrir el déficit fiscal de la Nación, ni para financiar gastos ajenos a la calamidad.

La Corte le fijó al Ministerio de Hacienda un plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la publicación del comunicado de la providencia, para recalcular el costo de la emergencia y las adiciones presupuestales necesarias.

Además, las entidades con competencia para ordenar el gasto deberán indicar mediante acto administrativo las razones por las cuales, en función de la oportunidad del gasto y de la disponibilidad de los recursos, no es posible acudir a medios ordinarios de financiación, obligación que se extenderá a los recursos que todavía no se hayan comprometido o ejecutado.

Igualmente, la Corte exhortó al presidente Abelardo De La Espriella, en su condición de conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a adoptar y ejecutar el plan de acción específico para la recuperación, previsto en el Decreto 1171 de 2026.

#LaCorteInforma | Declaración a medios de la Sala Plena: EXPEDIENTE RE-409AC Sentencia C- 366 de 2026

Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto de 2026. Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional.

Intervienen en la declaración la presidenta de la Corte Constitucional,
magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, así como el magistado ponente de este caso Juan Carlos Cortés González.

— Corte Constitucional (@CConstitucional) November 12, 2026