El Consejo de Estado determinó que agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) secuestraron, torturaron y asesinaron a cinco ex miembros del M-19.

Según el alto tribunal los agentes buscaban aclarar el secuestro de Janeth Roldán Noboa, y sospechaban de los desmovilizados.

Las víctimas respondían a los nombres Aidé Malaver, Julio Edgar Galvis Quimbay, Raúl Gutiérrez Guarín, Enan Rafael Lora Mendoza y Fredy Humberto Guerrero; quienes fueron retenidos desde el 16 hasta el 18 de marzo de 1994, mientras que sus cuerpos aparecieron el 20 de marzo en los municipios de la Mesa y Facatativá.

El alto Tribunal ordenó al Estado el pago de 800 salarios mínimos y la reparación integral a los familiares de las víctimas asesinadas de manera extrajudicial; y al DAS le ordenó publicar en su sitio web y en lugar visible de su sede el enunciado de la providencia, durante no menos de seis meses.

Además ordenó al actual director del organismo pedir perdón público por el hecho, citando a los medios de comunicación.

También ordenó al DAS realizar acción de repetición contra los ex detectives hallados culpables por los hechos: Martín Sierra D’aleman, Álvaro Yáñez Ramírez, y Germán Vicente Cuéllar Manrique, y cada uno de ellos deberá pagar, además, la suma de 300 salarios mínimos.

Cuéllar Manrique había sido condenado por estos hechos a 50 años de prisión en septiembre de 1996.