Una norma a punto de ser expedida por el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, permitiría a las comunidades que consideren que el parque público comunitario está afectado en su seguridad, solicitar el respectivo cerramiento.

La normatividad tiene como fundamento legal la Ley 810 de 2003 y cobijaría a parques de bolsillo y vecinales, entre menos de mil metros y diez mil metros cuadrados, que están dentro de conjuntos residenciales.

Según Gloria Martínez, jefe jurídica de la Defensoría, manifestó que la “va dirigida a unidades residenciales con zonas verdes públicas, constituidas principalmente por parques que debieron ser cedidos a la ciudad por los urbanizadores».

«Aunque hoy se encuentran prohibidos estos cerramientos, la Administración es consciente de la necesidad de adoptar algunos correctivos para garantizarle a la comunidad la convivencia segura en estos espacios públicos» manifestó Martinez.

Al respecto la concejal Gilma Jiménez, manifestó que la medida es «un retroceso dramático de una década en la construcción e igualdad de ciudad».

Agregó que no es válido el argumento de la seguridad como justificación para encerrar los parques, porque se está impidiendo que un niño de otro sector de la ciudad goce de un bien que es de todos.