La Fiscalía general de la Nación analiza la información proveniente de una memoria USB que encontró el ejercito nacional en zona rural del departamento de Meta, en donde aparecen las hojas de vida de 9.387 presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc.

Según dijo una funcionaria de la Unidad de Antiterrorismo de la Fiscalía, la información «es muy detallada» y «permite identificar a 9.387 presuntos miembros del bloque Oriental» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El bloque Oriental constituye, según analistas, la columna vertebral de la principal guerrilla colombiana y tiene a su cargo la custodia de un grupo de rehenes, entre los que se encontraban la colombo-francesa Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y once militares y policías colombianos rescatados el pasado 2 de julio.

«Además de los nombres reales, números de cédula (documento de identidad) y lugar de nacimiento, los ocho archivos (de programa) Excel traen datos tan detallados como nombre de los padres, fecha de ingreso de estas personas a la guerrilla, la persona que los recomendó y si tienen familiares en las Fuerzas Militares», explicó la funcionaria.

La fuente, que requirió el anonimato, dijo también que el registro es tan minucioso que presenta «los vicios con los que estas personas ingresaron a las filas rebeldes, los castigos, cursos de entrenamiento que recibieron y hasta la entidad de salud a la que están afiliadas».

Un capitulo especial está dedicado a la identificación de los miembros de milicias urbanas en varias ciudades colombianas y otros archivos dan cuenta de cifras sobre lo que llaman «personal fusilado», «personal desertado», «personal muerto por escape», «personal licenciado» y «muertos en ejercicios de conocimiento de explosivos».

«Cada hoja de vida tiene fecha de elaboración y firma del responsable», precisó la funcionaria judicial que reveló que esta evidencia fue usada como prueba contra Hely Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’, quien es señalado por ex rehenes como uno de los carceleros de la guerrilla.

La Fiscalía cree que la información es confiable pues la memoria USB fue hallada por técnicos de la Dijín (policía judicial), y según la fuente, «nunca hubo manipulación de ellas por parte de los miembros del Ejército».

«Lo importante es precisar la veracidad de esa información. En el caso de las investigaciones a paramilitares hay evidencias de la Fiscalía pero aquí se debe establecer que efectivamente esa memoria provenga de las Farc, pues hay muchos intereses de por medio», opinó a la AFP la analista Claudia López.

Con la información incautada, la Fiscalía se apresta a pedir el procesamiento de los 9.387 presuntos guerrilleros por delitos de rebelión y terrorismo pero analistas creen que la justicia colombiana no está preparada para asumir ese reto.

«Hasta ahora el proceso de juzgamiento con los paramilitares ha constituido un estruendoso fracaso de la Fiscalía. Lo mismo puede pasar con este caso y se presentaría impunidad porque precluyan los términos de investigación», opinó José Gregorio Hernández, ex presidente de la Corte Constitucional.

Con AFP